El caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando capítulos. Este lunes, Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se entregó a la Justicia y dejó a disposición de los investigadores su teléfono celular para ser peritado. Tras el procedimiento, no quedó detenido y se retiró a su domicilio.
La presentación voluntaria se dio mientras el juez federal Sebastián Casanello tomaba declaración indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta. El magistrado sospecha que pudo haber colaborado en la maniobra que permitió a Jonathan escapar de los allanamientos realizados el viernes, cuando fue detenido su hermano Emmanuel en el mismo barrio privado.
La familia Kovalivker en la causa
Los hermanos Emmanuel y Jonathan, junto a su padre Eduardo —aún con paradero desconocido—, quedaron señalados en el expediente que investiga una presunta red de cobros ilegales en el marco de contratos con el Estado. Según la denuncia, la droguería Suizo Argentina funcionaba como intermediaria para “articular los cobros indebidos y garantizar el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos”.
En los operativos realizados la semana pasada, que incluyeron 15 allanamientos en la sede de la ANDIS, oficinas de la droguería y domicilios particulares, se encontraron alrededor de 200.000 dólares y unos 7 millones de pesos en sobres dentro de un vehículo de Emmanuel Kovalivker.
La denuncia del abogado Gregorio Dalbón
El origen de la investigación está en la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, el exfuncionario Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, padre de Jonathan y Emmanuel.
Según Dalbón, estas personas habrían participado de “un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”. Los hechos, de comprobarse, podrían encuadrar en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública.
