Las estadísticas sobre violencia de género, infancia y abuso sexual en Comodoro Rivadavia encendieron nuevamente las alarmas judiciales y sociales. En diálogo periodístico, el abogado especialista en derecho de familia Cristian Serdeiro brindó datos alarmantes recopilados durante el mes de julio de 2026: en la ciudad se registran entre 40 y 45 denuncias por violencia hacia la niñez y abuso sexual por fin de semana.
El letrado analizó que, si bien el incremento de las cifras responde en parte a que las víctimas o sus entornos se animan a romper el silencio, la respuesta del Estado se encuentra seriamente condicionada por el desborde de los sistemas de contención —como la Secretaría de la Mujer, la Oficina de Protección de Derechos y el Poder Judicial— los cuales funcionan con un rol predominantemente receptivo y no proactivo.
Asimismo, Serdeiro remarcó las falencias existentes en la primera línea de recepción de las víctimas. “En las capacitaciones de la Ley Micaela discutíamos la falta de preparación de los primeros agentes de contención, que generalmente es el personal policial. No se trata de llenar un formulario formalista; tomar una denuncia por un hecho traumático exige un abordaje técnico con perspectiva de género que hoy muchas veces falta”, cuestionó.
A este escenario se suma la alta cifra negra de hechos que no llegan a judicializarse, particularmente en barrios vulnerables. En esos contextos, según explicó el abogado, entramados familiares complejos, dependencias económicas y situaciones de convivencia o promiscuidad provocan que la violencia sexual tienda a normalizarse y no denunciarse por miedo a represalias o a la detención del único sostén del hogar.
Finalmente, el especialista recordó un aspecto técnico fundamental del Código Penal: los delitos contra la integridad sexual son de instancia privada. Esto implica que la persecución penal requiere obligatoriamente la manifestación o denuncia de la víctima (o de sus representantes legales en caso de menores), por lo que funcionarios o docentes no pueden instar la acción penal por sí solos sin esa ratificación formal.