Esta postura surge en un contexto de extrema polarización dentro del Parlamento Europeo, donde sectores de extrema derecha y extrema izquierda coincidieron en remitir el pacto al Tribunal de Justicia del bloque para una revisión jurídica integral.

Para que las autoridades comunitarias puedan activar el acuerdo de forma unilateral y provisoria, resulta necesario que al menos la mitad de las naciones sudamericanas que integran el bloque completen la ratificación en sus propios parlamentos. Mientras tanto, el envío del documento al Tribunal de Justicia abre un proceso de revisión que podría demorar entre un año y medio y dos años, un plazo que en los pasillos de Bruselas consideran demasiado extenso frente a la velocidad de los cambios globales.

Francia y otros países históricamente reticentes jugaron un rol central en esta dilación judicial, que busca determinar si el tratado presenta incompatibilidades legales que impidan su avance definitivo. Más allá de lo comercial, el acuerdo posee una fuerte dimensión geopolítica para la Unión Europea, que ve en el Mercosur un socio estratégico necesario para construir alianzas por fuera de la órbita de los Estados Unidos y fortalecer la cooperación frente al crecimiento del proteccionismo internacional.