En medio del debate por la posible modificación de la Ley de Glaciares, la licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en Ecología y doctora en Ciencias Biológicas, Gabriela González Trilla, analizó los principales riesgos que podría implicar una reforma de la norma.

La especialista recordó que la ley se encuentra vigente desde hace 15 años y que cuenta con un instrumento central: el Inventario Nacional de Glaciares, un relevamiento técnico que identifica y delimita más de 16.000 cuerpos de hielo distribuidos en 12 provincias del país. “Es una ley activa y clara. Muchas veces se habla de hacer aclaraciones, pero la ley ya es clara”, señaló.

González Trilla explicó que el inventario no solo incluye glaciares descubiertos —los tradicionalmente visibles— sino también glaciares de escombro, que forman parte del ambiente periglacial. Estos últimos están compuestos por roca con agua congelada en sus intersticios y cumplen un rol clave en ecosistemas áridos y semiáridos, donde el recurso hídrico es escaso. “En esos ambientes cada gota cuenta”, subrayó.

Según detalló, uno de los puntos en discusión es la llamada “significancia hídrica”, que pone el foco en el volumen de hielo. Desde el ámbito científico y ambiental, en cambio, se remarca la significancia ambiental de estos cuerpos, especialmente por su impacto en regiones donde el agua es estratégica, como Mendoza, San Juan y Catamarca.

La investigadora destacó que el Inventario Nacional de Glaciares fue elaborado por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) y cuenta con validación científica, social e institucional, incluyendo consultas públicas, participación de especialistas nacionales e internacionales y la intervención del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo de 2019, reconoció la validez legal del inventario.

En ese marco, advirtió que una modificación que reduzca las áreas protegidas podría entrar en tensión con el principio de no regresividad ambiental, incorporado en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Este principio establece que los niveles de protección ambiental alcanzados no deben retroceder.

No obstante, González Trilla sostuvo que el debate no debe plantearse como una dicotomía entre desarrollo y protección. “No hay que decidir entre desarrollo y ambiente. Se trata de encontrar un equilibrio en el marco del desarrollo sostenible, definiendo dónde se puede avanzar y dónde no”, explicó. En ese sentido, aclaró que la ley no prohíbe de manera absoluta actividades como la minería, sino que fija estándares mínimos de protección en áreas consideradas estratégicas por su valor hídrico y ambiental.

La discusión legislativa continuará en el Congreso y, según anticipan distintos sectores, podría derivar en presentaciones judiciales si se considera que las modificaciones vulneran principios constitucionales en materia ambiental. Mientras tanto, el debate sigue abierto entre quienes impulsan cambios y quienes defienden el esquema de protección vigente.