La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso una serie de medidas destinadas a reforzar los controles sanitarios en el país. A través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, prohibió la comercialización de insumos médicos falsificados y actualizó el listado de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización.

Por un lado, mediante la Disposición N.º 3862/2026, el organismo ordenó retirar del mercado todos los tamaños de la clipadora para cirugía abierta de la marca EDLO y un lote de electrodos neutros descartables para pacientes pediátricos de la marca Aesculap.

La decisión se tomó luego de una inspección realizada en la empresa JMG S.A., en Mendoza, donde los inspectores detectaron productos sin identificación del fabricante, importador o registro sanitario. Además, la firma no pudo presentar documentación que acreditara el origen de los insumos.

Durante el mismo procedimiento también se hallaron etiquetas destinadas a electrodos pediátricos que presentaban inconsistencias respecto de la información registrada por el titular autorizado del producto en el país. Ante estas irregularidades, la ANMAT determinó que no era posible garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los insumos, por lo que dispuso su prohibición y abrió un sumario sanitario contra la empresa y su directora técnica.

En otra disposición, la N.º 3943/2026, el organismo incorporó nuevas sustancias al listado nacional de estupefacientes y psicotrópicos bajo control.

La actualización responde a las recomendaciones de organismos internacionales especializados y busca impedir que nuevas drogas sintéticas queden fuera del alcance de la legislación vigente debido a modificaciones químicas mínimas.

Entre las sustancias incorporadas se encuentran derivados sintéticos del fentanilo, además de compuestos como bromazolam, etizolam, clonazolam, nuevos cannabinoides sintéticos y catinonas de diseño.

Con la entrada en vigencia de la medida, las autoridades sanitarias, las fuerzas de seguridad y los organismos de control contarán con un marco legal actualizado para fiscalizar, decomisar y perseguir penalmente la circulación de estas sustancias en el país.