La solicitud fue iniciada en septiembre pasado por la firma Bainbridge, que cuenta con un fallo a su favor de 2020 por los daños causados por el default de 2001. El argumento utilizado por este fondo es similar al que presentó Burford Capital en el reclamo de acciones de YPF.

La empresa Bainbridge ordenó el proceso de ejecución en tres pasos: la entrega de las acciones de las empresas estatales, el depósito de esos activos en una cuenta de Nueva York y la oficialización de la titularidad de los mismos para ejecutar la sentencia pendiente.

La representación legal del país, a cargo de la Procuración General del Tesoro, apeló la solicitud utilizando argumentos similares a los del caso YPF.

• Protección Legal: Argumentó que las acciones de ambas estatales están protegidas por la ley local argentina.
• Inaplicabilidad de Embargo: Señaló que la participación estatal en Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación no es acorde a lo que la propia ley estadounidense establece para el embargo de activos.
• Banco Nación: En relación específica al banco, aseguró que no hay “acciones” que puedan ser entregadas al tratarse de un ente autárquico.

Por último, el Gobierno le reclamó a la jueza Preska que, en caso de no rechazar el pedido de Bainbridge, se abstenga de fallar hasta que la Cámara de Nueva York resuelva la apelación de la orden similar que la misma jueza dictó en el caso YPF.