COMODORO RIVADAVIA Y RADA TILLY  |  Martes 21 de julio, 2026
Fallo en EE. UU.

Argentina deberá pagar USD 390,9 millones por la estatización de Aerolíneas

Un tribunal de apelaciones de Washington rechazó el recurso presentado por el Estado nacional y dejó firme el fallo a favor de Titan Consortium. La sentencia convalida el laudo del CIADI por la expropiación realizada en 2008 e incrementa la presión sobre los activos argentinos en el exterior.

Un tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, confirmó que la República Argentina deberá abonar más de USD 390,9 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas realizada en 2008. La decisión judicial rechazó la apelación presentada por la defensa del Estado argentino y dejó firme la sentencia de primera instancia a favor del fondo Titan Consortium.

La resolución consolida uno de los litigios financieros más costosos que enfrenta el país en tribunales internacionales y habilita formalmente al fondo acreedor a continuar con las acciones destinadas a la ejecución de la condena y el cobro de la deuda en territorio estadounidense.

El origen del reclamo

La disputa legal se remonta a 2008, cuando la administración de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó Aerolíneas Argentinas y Austral, empresas que en ese momento se encontraban bajo el control del grupo español Marsans. Ante la medida, la compañía inició un reclamo formal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial.

En 2017, el CIADI falló contra el Estado argentino dictaminando una compensación inicial de USD 320 millones más intereses. Con el transcurso de los años, los derechos de cobro del laudo fueron transferidos: primero pasaron a manos de Burford Capital y posteriormente a Titan Consortium, firma que desde 2021 litiga en la Justicia norteamericana para lograr el reconocimiento y la ejecución del fallo.

Implicancias y situación de la empresa

Dado que los laudos del CIADI requieren el reconocimiento explícito de las cortes locales para ejecutarse sobre activos estatales, la ratificación en Washington representa un paso clave para el acreedor, que en los últimos meses intentó embargar garantías vinculadas a Bonos Brady depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.

La sentencia adversa se da en un escenario donde la compañía de bandera reportó mejoras en sus índices contables, tras haber registrado un superávit operativo en 2024 y cerrar el ejercicio 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones sin aportes del Tesoro Nacional.

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