El Gobierno nacional oficializó la habilitación para instalar tiendas libres de impuestos (free shops o duty free shops) en los pasos de frontera terrestres de todo el país, una medida que promete transformar el comercio en las ciudades limítrofes y potenciar la actividad turística internacional.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 438/2026, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual Argentina incorpora a su normativa una resolución aprobada por el Mercosur en 2018. Hasta ahora, este tipo de comercios solo funcionaban en aeropuertos y puertos marítimos o fluviales, mientras que países como Brasil, Uruguay y Paraguay ya contaban con establecimientos similares en sus fronteras terrestres.

Los nuevos locales podrán comercializar productos nacionales e importados libres de aranceles e impuestos para viajeros que ingresen o egresen del país por vía terrestre. No obstante, las compras deberán ajustarse al régimen aduanero de equipaje vigente, por lo que solo podrán destinarse al uso personal o familiar y estarán sujetas a los límites y controles establecidos por la Aduana.

La implementación del sistema estará bajo la supervisión conjunta del Ministerio de Economía y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Mientras el primero tendrá a su cargo la adjudicación de las licencias comerciales, ARCA será responsable de autorizar las instalaciones y controlar el cumplimiento de las normas aduaneras.

El decreto también establece restricciones sobre determinados productos que no podrán venderse bajo esta modalidad. Entre ellos se encuentran alimentos de la canasta básica, indumentaria y calzado (salvo zapatillas deportivas y ojotas), vehículos y repuestos, combustibles, tabaco, neumáticos, electrodomésticos de gran tamaño, materiales para la construcción, maquinaria industrial y agrícola, armas, municiones, animales vivos y plantas.

Si bien la norma ya entró en vigencia, la apertura efectiva de los primeros free shops dependerá de la reglamentación complementaria que deberán elaborar el Ministerio de Economía y ARCA en un plazo máximo de 30 días.

Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa permitirá modernizar los corredores internacionales, fortalecer la competitividad de las ciudades fronterizas y corregir una histórica desventaja comercial frente a los países vecinos del Mercosur.