Este viernes 19 de diciembre, en horas de la mañana, se llevó a cabo la audiencia de cesura o imposición de pena en el marco del juicio oral y público por lo que ocurrió el 15 de agosto de 2024 cuando un hombre llevó a cabo un asalto a un chofer de Uber.
Este lunes, Blas Bustamante fue declarado culpable del delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada”. Durante la audiencia de este viernes, la fiscal Verona Dagotto solicitó una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, con el mantenimiento de reincidencia por segunda vez. La defensa requirió una pena de tres años de prisión, manteniendo la reincidencia.
A partir de esto, la jueza penal Daniela Arcuri resolvió mantener la prisión preventiva de Bustamante y diferir la sentencia definitiva del caso para el próxima 30 de diciembre.
Momentos de la audiencia
Durante la audiencia, la fiscal Dagotto expuso los antecedentes penales del imputado mientras que la defensa presentó el testimonio de una trabajadora social de la Defensa Pública, la cual relató la historia de vida de Bustamante y afirmó que “el Estado no estuvo presente para atender su situación de vulnerabilidad durante la niñez”.
Al momento de alegar, la fiscal consideró como circunstancias agravantes la naturaleza de la acción, el hecho de que se cometió en la vía pública y en horas de la noche, teniendo en cuenta la violencia desplegada y la extensión del daño causado por el imputado. Teniendo en cuenta el testimonio de la trabajadora social, la fiscal reconoció las dificultades, pero sostuvo que Bustamante pudo internalizar las normas legales y sabe distinguir entre el bien y el mal.
Al momento de la mención de una pena de tres años, la fiscal afirmó que se presentaba un peligro de fuga, en contraposición, el defensor público Gustavo Oyarzun cuestionó lo dicho por la fiscalía y sostuvo que no correspondía considerar como agravante el hecho de haberse cometido en un transporte público al afirmar que “Uber no es un transporte público, sino un servicio privado”. Indicó que el imputado desea recuperar la libertad para ayudar a sus hijos, requiriendo por ello una pena de tres años de prisión. En cuanto a la medida de coerción, solicitó su libertad con medidas sustitutivas de presentaciones durante dos meses.
A su turno, Bustamante hizo uso de su derecho a declarar y expresó que “es inocente y que se encuentra detenido de manera injusta”.
Finalmente, la jueza Arcuri resolvió mantener la prisión preventiva por seis meses o hasta que la sentencia quede firme, y fijó el 30 de diciembre como fecha para la lectura de la sentencia definitiva.