La tarde del miércoles se llevó adelante en la Oficina Judicial la audiencia de revisión de las medidas de coerción en una causa por tentativa de homicidio agravado, vinculada a un violento episodio ocurrido el 14 de octubre de 2025 frente al Juzgado Penal del barrio Roca.

En el caso se encuentran imputadas diez personas: José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca Rojas, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rua, Fernando Miguel Cerezo, Juan Ezequiel Hernández y Vanesa Carolina Ulloa.

En primer término, la fiscal general Andrea Rubio indicó que no existían motivos para modificar la situación de los imputados Casas, González y Cerezo, quienes actualmente cumplen medidas sustitutivas con presentaciones periódicas ante la autoridad judicial. La defensa no se opuso y la jueza resolvió mantener estas medidas hasta el vencimiento del plazo de investigación.

Respecto de Brenda Rua y Vanesa Ulloa, quienes cumplen arresto domiciliario, la fiscal sostuvo que Rua habría tenido un rol clave al dar la señal para iniciar el ataque a las personas que se encontraban en una camioneta, mientras que Ulloa habría participado en la organización y planificación del hecho. Por ese motivo solicitó que ambas continúen bajo arresto domiciliario.

Las defensas pidieron morigerar las medidas: el defensor de Ulloa solicitó su libertad con presentaciones periódicas, mientras que el de Rua argumentó que su asistida no efectuó disparos ni tuvo participación directa en el ataque. Sin embargo, la jueza entendió que persisten los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, por lo que resolvió mantener los arrestos domiciliarios y la prohibición de contacto con los coimputados hasta el 14 de abril, fecha en la que vence el plazo de investigación.

En cuanto a los imputados Juan Ezequiel Hernández, José Luis Alancay, Miguel Ángel Arca Rojas, Facundo Daniel Reyna y Luciano David Soto, la fiscalía solicitó que continúen en prisión preventiva. Según la acusación, Arca Rojas y Reyna serían los autores materiales del ataque, mientras que Hernández y Alancay habrían tenido una participación necesaria y Soto un rol secundario.

Las defensas plantearon distintos pedidos de morigeración de las medidas, entre ellos arrestos domiciliarios o libertades con presentaciones periódicas. No obstante, la jueza consideró que la situación procesal de los imputados no cambió y resolvió mantener la prisión preventiva para los cinco.