Kexel sostuvo que el régimen vigente, que data de 1980, “quedó desactualizado” y consideró necesario adecuarlo a las normativas nacionales e internacionales sancionadas en las últimas décadas. Sin embargo, advirtió que centrar la discusión exclusivamente en bajar la edad de punibilidad —actualmente en debate en torno a los 14 años— puede desviar el foco del problema estructural.

“El objetivo debe ser la resocialización y la reintegración del adolescente a su comunidad, fomentando el sentido de responsabilidad por los hechos cometidos”, explicó. No obstante, señaló que hoy el sistema ya enfrenta dificultades para cumplir ese propósito con jóvenes de 16 y 17 años.

En ese sentido, remarcó que la provincia carece de infraestructura adecuada y de personal especializado suficiente para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal. Según detalló, el único dispositivo de detención juvenil en Chubut se encuentra alejado de centros urbanos y comparte cercanía con una cárcel de adultos, lo que —a su entender— no favorece el proceso de reintegración social.

Kexel también cuestionó que el proyecto nacional no contemple partidas presupuestarias específicas ni un esquema concreto de financiamiento para que las provincias puedan implementar los cambios propuestos. “Sin recursos, sin lugares adecuados y sin equipos técnicos estables, es muy difícil alcanzar los objetivos que la propia ley plantea”, afirmó.

Otro de los puntos que marcó como preocupación es la eliminación de las medidas socioeducativas previas a la imposición de una pena. Explicó que el régimen actual contempla instancias orientadas al acompañamiento, acceso a educación y salud, y al trabajo sobre la responsabilización del adolescente antes de aplicar una condena. “Si eso desaparece y el eje pasa a ser directamente el encierro, debemos preguntarnos si eso acerca o aleja la posibilidad de una verdadera resocialización”, indicó.

Para el funcionario, el riesgo es que el encierro prolongado —con penas que podrían extenderse hasta 15 años— termine funcionando únicamente como un mecanismo punitivo, sin garantizar cambios estructurales en la conducta ni una efectiva reintegración comunitaria.

Finalmente, Kexel señaló que, de aprobarse la reforma, los organismos de control deberán exigir el cumplimiento efectivo de las condiciones que establece la norma. “El desafío no es solo modificar la ley, sino contar con las herramientas reales para que el sistema cumpla su finalidad”, concluyó.