n marzo de 2025, el Gobierno nacional había publicado el Decreto 196/2025, que planteaba diversas reformas en el sistema de tránsito, desde cambios en las licencias de conducir hasta modificaciones en la tramitación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
Un año después, este lunes 9 de marzo, Federico Sturzenegger volvió a poner el tema en el centro de la escena a través de una publicación en la red social X. Lo hizo en referencia al Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
“Este decreto permite avanzar con la reforma de un trámite que es fuente inagotable de quejas por parte de los argentinos: la VTV (o Revisión Técnica Obligatoria, RTO)”, señaló Federico Sturzenegger, quien además sostuvo que hubo intentos de frenar la reforma en la Justicia.
Según explicó el funcionario, el caso llegó al Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3, a cargo del juez Santiago Carrillo, que dictó una medida cautelar. Esta no frenó de forma definitiva la reforma, sino que condicionó su avance a que el Gobierno respondiera una serie de recursos administrativos que estaban pendientes, un paso que, según indicó, queda cumplido con la publicación del Decreto 139/2026.
En otras palabras, Sturzenegger afirmó que la reforma había sido parcialmente frenada por reclamos judiciales, pero que “ahora queda allanado el camino para la reforma, que va a poner racionalidad y permitirá que las VTV se hagan en concesionarias, en cualquier taller habilitado o en los talleres RTO que hoy realizan revisiones solo a vehículos de carga”.
Por lo tanto, con este nuevo decreto quedaría incorporada la reforma del esquema de la VTV y la RTO. Un punto clave es que, como ocurre con cualquier norma de tránsito, cada jurisdicción decide si adhiere o no (o si lo hace de manera parcial) a los cambios establecidos por la Secretaría de Transporte en este caso.
Los cambios que plantea el Gobierno respecto a la VTV
En primer lugar, el Decreto 196/2025 establece que la primera verificación de los vehículos particulares se realizaría a los cinco años desde su patentamiento. Luego, entre los cinco y los diez años de antigüedad se haría cada dos años, mientras que los vehículos con más de diez años continuarían teniendo la obligación de realizarla de manera anual.
El segundo cambio relevante propone que cualquier taller o concesionario que cuente con el equipamiento necesario podría convertirse en centro verificador. De concretarse, la medida permitiría el ingreso de actores del sector privado al sistema de verificación vehicular, con el objetivo oficial de ampliar la oferta de lugares donde realizar la revisión y generar mayor competencia.
Por último, la reforma también eliminaría el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite que se exigía cuando un vehículo realizaba modificaciones en su configuración y que implicaba un costo adicional previo a la verificación técnica obligatoria.
