Confirmado: el juicio oral por la tragedia del submarino ARA San Juan se llevará a cabo en la provincia de Santa Cruz, donde se desarrolló la investigación. Con el voto mayoritario de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación rechazó este lunes los recursos presentados por el fiscal y una de las defensas. En tanto, el magistrado Javier Carbajo se pronunció en disidencia, sosteniendo que la competencia correspondía a los tribunales de Mar del Plata.

El fallo ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos  -dada a conocer en julio por La Opinión Austral– que había desestimado los planteos de incompetencia y confirmado su jurisdicción para realizar el debate. La causa fue instruida por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Marta Yáñez, quien consideró que ese distrito era competente por tratarse del último punto de contacto del buque antes de su desaparición en noviembre de 2017.

Cabe recordar que el expediente tiene elevados a juicio al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; al capitán de navío Claudio Villamide, a cargo de la Fuerza de Submarinos; al capitán de navío Héctor Alonso; y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Todos están acusados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Divisiones sobre la sede del juicio

El querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos, cuestionó la competencia del tribunal santacruceño y solicitó que el juicio se efectuara en Buenos Aires o Mar del Plata, argumentando que el suceso ocurrió en altamar, fuera de las 200 millas náuticas, y no dentro de la jurisdicción de Caleta Olivia. A su vez, señaló que esa sede complicaría la participación de las familias de las víctimas, muchas de ellas residentes en la provincia de Buenos Aires.

A este planteo se sumaron las defensas de López Mazzeo y Villamide, quienes reclamaron la intervención de los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alegando que en la sede de la Armada Argentina, ubicada en avenida Comodoro Py 2055, se habían tomado las decisiones que se analizan en el caso. Por su parte, el fiscal del Tribunal Oral de Santa Cruz, Julio Zárate, coincidió en que la competencia debía trasladarse a Mar del Plata, último puerto del submarino y sede de la flota de submarinos.

En cambio, la Defensa Pública Oficial de Alonso y Correa y la abogada Valeria Carreras, representante de un grupo de familiares querellantes, se opusieron al cambio de jurisdicción y defendieron la continuidad del juicio en Santa Cruz. Precisaron que el tribunal de Río Gallegos fue el que previno en la causa y se encuentra en condiciones de avanzar sin demoras hacia la etapa de debate oral.

La mayoría de la Sala IV de Casación respaldó esa postura. Los jueces Borinsky y Hornos concluyeron que, ante la incertidumbre sobre el lugar exacto de los hechos, ocurridos en altamar, debía mantenerse la competencia del tribunal que intervino desde la instrucción. “En el caso, la tragedia radica en que, tristemente, el Submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno ya que sufrió en su última misión una implosión cuyas causas y circunstancias han de ser determinadas en el juicio a celebrarse”, dijo Hornos en su voto.El magistrado sostuvo: “Frente a la incertidumbre que se advierte en relación a la circunscripción en la que se habría cometido el delito, no cabe otra solución que la de seguir la regla subsidiaria establecida por la ley y estar a la intervención del tribunal que previno; en el caso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz”.

Hornos también enfatizó que un cambio de sede podría retrasar el proceso: “Aventar la demora que podría implicar un cambio de sede constituye, por sí mismo, un argumento para mantener la competencia de quien está llevando actualmente la causa, sobre todo cuando en la jurisdicción de Santa Cruz no sólo se ha llevado a cabo la compleja instrucción de este proceso sino que además se ha avanzado recientemente en el trámite de la etapa de juicio”.

Borinsky coincidió en que “teniendo en consideración el estadio procesal en el que se encuentran las actuaciones, que la causa ha tramitado en su totalidad en la jurisdicción santacruceña y que allí se instruyó la mayoría de los elementos probatorios, mantener la actual competencia se presenta como la alternativa que asegura la mejor y más pronta administración de justicia”.

En disidencia, el juez Carbajo consideró que la competencia territorial debía corresponder al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, “por tratarse de la ciudad desde donde zarpó el submarino, de su asiento natural, del puerto al que debía regresar y del sitio desde donde se emitieron las últimas órdenes de operación”. Manifestó que el hundimiento y hallazgo del submarino ocurrieron más allá de las 200 millas náuticas, fuera de la jurisdicción de Santa Cruz.

El camarista hizo hincapié en que el traslado de la causa a Mar del Plata no afectaría la validez de las actuaciones realizadas durante la instrucción y solicitó que el tribunal marplatense fijara a la brevedad la fecha de inicio del debate. Finalmente, el máximo tribunal penal del país dejó firme la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal santacruceño para desarrollar el juicio, que ahora se encamina hacia la instancia oral.