Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en Comodoro Rivadavia, el Colectivo de Profesionales autoconvocados de Salud Mental y Psicología de Chubut difundió un comunicado en el que manifestó su “profundo dolor” por la muerte de un niño, una situación que, señalaron, interpela tanto a la comunidad como a las instituciones responsables de garantizar derechos.
En el escrito, las y los profesionales expresaron su acompañamiento a las familias afectadas, particularmente a los allegados de Ángel, en este momento de “profundo dolor”, al tiempo que reconocieron las emociones que atraviesan a la sociedad: “Comprendemos la angustia, el enojo y la tristeza que estos hechos generan”.
Sin embargo, también manifestaron su preocupación por la aparición de conductas violentas hacia trabajadores del ámbito, especialmente en redes sociales y medios de comunicación. En ese sentido, rechazaron “toda forma de violencia” y denunciaron situaciones de hostigamiento, difusión de información falsa, exposición de datos personales y amenazas hacia colegas.
El colectivo remarcó además la complejidad de las intervenciones en materia de niñez, subrayando que no pueden reducirse a responsabilidades individuales. “Se desarrollan en un entramado de corresponsabilidad institucional, interdisciplinaria y judicial”, indicaron, donde intervienen múltiples actores en la toma de decisiones.
En otro tramo del comunicado, advirtieron que desde hace más de dos años vienen denunciando el progresivo desfinanciamiento de los sistemas públicos de Salud Mental y de protección de niñeces y adolescencias, tanto en la ciudad como en la provincia. Según señalaron, esta situación genera mayores condiciones de vulnerabilidad, tanto para la población como para los equipos que intervienen.
Asimismo, hicieron un llamado a la responsabilidad en el tratamiento de la información, solicitando respeto por los procesos institucionales y judiciales en curso, y promoviendo análisis que permitan identificar fallas estructurales sin simplificar los hechos.
Finalmente, rechazaron cualquier intento de utilización partidaria del caso y reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como con el ejercicio ético de su profesión.