El arribo de donaciones a Cholila, en el marco de la emergencia por los incendios forestales, derivó en una fuerte controversia que hoy tiene denuncias cruzadas, actuaciones judiciales abiertas y versiones contrapuestas sobre el destino y la administración de la ayuda solidaria.

El conflicto se inició tras una denuncia presentada por el intendente Silvio Boudargham, que dio lugar a un procedimiento policial, el secuestro preventivo de un camión y el inicio de una investigación por la presunta venta de donaciones destinadas a damnificados. A partir de esa presentación oficial, numerosos medios provinciales informaron sobre supuestas irregularidades cometidas por personas que se habrían hecho pasar por voluntarios.

Sin embargo, desde el grupo que impulsó la colecta niegan de forma categórica esas acusaciones y sostienen que se instaló un relato incompleto que no refleja lo ocurrido. La iniciativa solidaria fue organizada en Bariloche por Bárbara Peralta y un grupo de vecinos que reunieron $2,4 millones, fondos con los que se adquirieron alimentos, forraje, agua y otros insumos esenciales para familias y brigadistas afectados por el fuego.

Según explicó Peralta en declaraciones radiales, con el dinero recaudado se compraron cinco tótems de agua, a los que el proveedor sumó otros cinco como donación. Los voluntarios remarcaron que su intención siempre fue entregar la ayuda de manera directa a los damnificados, sin intermediación institucional, criterio que habría generado fricciones con las autoridades locales.

En ese sentido, aclararon que los tótems que originaron la polémica no formaban parte de la colecta. “Los que estaban a la venta pertenecían a un tercero. Nosotros solo entregamos lo que fue comprado con donaciones”, señalaron en diálogo con medios de Bariloche. Según la documentación presentada, el camión transportaba donaciones comprobables junto a un remanente de tótems que eran propiedad del transportista y que se trasladaban para una eventual venta a precio de costo, con el fin de cubrir gastos logísticos.

La situación se agravó cuando los voluntarios difundieron videos donde se observa acopio de donaciones en predios municipales y cuestionaron el criterio de distribución del Municipio de Cholila. Afirmaron que parte de la ayuda no estaría llegando de manera directa a quienes perdieron todo y denunciaron que algunos elementos se entregan en carácter de comodato, con obligación de devolución, modalidad que consideran contraria al espíritu solidario.

Tras los episodios de tensión, el grupo denunció penalmente al intendente Boudargham y a efectivos policiales por presunta privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad, al sostener que fueron retenidos de manera injustificada y obligados a abandonar la localidad.

En paralelo, la colecta recibió un fuerte respaldo social. Vecinos, organizaciones y figuras públicas expresaron su apoyo en redes sociales, entre ellos la cantante Sele Vera, quien participó activamente de la iniciativa y pidió que se esclarezcan los hechos.

Actualmente, la situación se encuentra judicializada en dos provincias: en Chubut se investiga la denuncia impulsada por el intendente, mientras que en Río Negro avanzan las presentaciones realizadas por los voluntarios. No hay, por el momento, resoluciones firmes.

El caso deja al descubierto un debate de fondo: el control institucional de las donaciones frente a la solidaridad organizada desde la sociedad civil. Dos miradas enfrentadas en un contexto de emergencia, donde la Justicia deberá determinar responsabilidades.

Fuente: Rio Mayo 1935