La Legislatura de Chubut aprobó el proyecto que regula el uso de dispositivos móviles dentro de los centros de detención de la provincia, una iniciativa que apunta a restringir el ingreso y la tenencia de celulares, al tiempo que establece mecanismos formales de comunicación para las personas privadas de la libertad.
La diputada provincial y autora del proyecto, María Andrea Aguilera, explicó que el objetivo central de la norma no es prohibir la comunicación, sino ordenarla bajo condiciones legales y seguras.
“El objeto es prohibir el ingreso, la tenencia, la facilitación y el uso de equipos o terminales móviles en los centros de detención de la provincia de Chubut”, sostuvo la legisladora, quien remarcó que se trata de un régimen que organiza la comunicación y no la elimina.
La normativa establece la creación de un sistema institucional controlado que garantice el derecho a comunicarse, respetando criterios de legalidad, razonabilidad y derechos humanos. En ese marco, se prevé que las comunicaciones se realicen a través de líneas telefónicas fijas, sistemas programados y herramientas tecnológicas internas destinadas a educación y atención médica.
El proyecto se fundamenta en la legislación vigente, especialmente en la Ley Nacional 24.660, que ya restringe el uso de celulares en cárceles y establece que las comunicaciones deben realizarse bajo supervisión. Además, incorpora estándares internacionales como las Reglas Mandela, que reconocen el derecho de los detenidos a comunicarse bajo condiciones reguladas y seguras.
Uno de los puntos centrales de la ley es el fortalecimiento de los mecanismos de control. El texto prevé que los sistemas de comunicación funcionen bajo protocolos aprobados, auditables y accesibles para organismos judiciales, con el objetivo de garantizar transparencia y supervisión.
También se contempla la instalación de inhibidores de señal en las unidades penitenciarias y la aplicación de sanciones ante incumplimientos, en línea con la intención de impedir el uso ilegal de dispositivos dentro de los establecimientos.
Aguilera advirtió que el uso irrestricto de celulares dentro de las cárceles puede convertirse en una herramienta delictiva. Según explicó, estos dispositivos permiten continuar con extorsiones, amenazas o la coordinación de delitos desde el encierro, además de facilitar la presión sobre víctimas y testigos.
La aprobación de esta ley se enmarca en una política más amplia orientada a desarticular las denominadas “oficinas remotas” del delito, es decir, maniobras criminales que se organizan desde cárceles mediante el uso de tecnología móvil.
