La Legislatura del Chubut aprobó este jueves, por amplia mayoría, una ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios de la provincia, con el objetivo de reforzar la seguridad pública y prevenir delitos como estafas y extorsiones.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial, se alinea con la normativa nacional vigente y establece, además, un sistema de comunicaciones controladas que busca garantizar el derecho a la comunicación sin vulnerar los derechos humanos de los internos.

La sesión fue presidida por el vicegobernador Gustavo Menna y contó con el acompañamiento de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, PICH, Chubut Unido y Familia Chubutense. Hubo votos en contra por parte de la diputada Tatiana Goic, del bloque Primero Chubut-CET, y del legislador del Frente de Izquierda, Juan Aquino, mientras que dentro del mismo bloque, Mariela Williams acompañó la iniciativa.

Durante el debate, la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, remarcó que la medida apunta a evitar que las cárceles se conviertan en centros de operaciones delictivas. “No podemos permitir que personas privadas de libertad continúen cometiendo delitos. El Estado debe proteger a las víctimas y garantizar la seguridad”, sostuvo.

En la misma línea, Sonia Cavagnini, titular de la Comisión de Legislación General, señaló que la ley no implica vulnerar derechos, sino ordenar el sistema penitenciario y evitar que desde allí se sigan cometiendo delitos.

Otros legisladores oficialistas respaldaron la iniciativa al considerar que responde a una demanda social de mayor seguridad. Sin embargo, desde sectores de la oposición se plantearon reparos sobre la falta de estadísticas concretas que vinculen el uso de celulares con la comisión de delitos, así como críticas por el tratamiento acelerado del proyecto.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas en las cárceles, incluyendo el acceso a la educación y herramientas de formación, como parte del proceso de resocialización de las personas detenidas.

Con su aprobación, la ley busca poner un freno a las redes delictivas que operan desde los centros de detención, al tiempo que abre el debate sobre las condiciones del sistema penitenciario y el equilibrio entre seguridad y derechos.