Un hombre fue condenado en la localidad de El Maitén tras comprobarse que utilizó redes sociales y mensajería digital para hostigar, amenazar y extorsionar a una mujer, en un caso que expuso una grave situación de violencia de género digital.

El imputado, identificado como Diego Gabriel “Pipo” Arias, fue declarado penalmente responsable de los delitos de coacción simple y desobediencia a la autoridad. La resolución se alcanzó a través de un juicio abreviado promovido por el funcionario de Fiscalía Natanael Yamil Abad, en representación del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo.

Este mecanismo permitió que el acusado admitiera su responsabilidad y evitó que la víctima tuviera que atravesar un juicio oral, instancia que suele implicar la revictimización de quienes denuncian este tipo de hechos.

Difamación y amenazas en redes

La investigación determinó que en junio de 2024 Arias creó un perfil falso en Facebook con el objetivo de difamar públicamente el emprendimiento de estética de la víctima. Según se estableció, la intención era perjudicar su actividad laboral y afectar su independencia económica.

Con el paso del tiempo, los ataques se intensificaron. A través de mensajes enviados por Messenger y WhatsApp, el hombre comenzó a enviar amenazas directas. En uno de los textos recuperados durante la investigación llegó a advertir que sería “su peor pesadilla” hasta que abandonara la localidad.

La situación se agravó cuando el agresor condicionó el fin de los hostigamientos a cambio de favores sexuales, lo que quedó registrado en las comunicaciones incorporadas a la causa judicial.

Desobediencia y persecución

La investigación también reveló que Arias continuó con las amenazas incluso cuando la víctima realizaba la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Además, incumplió reiteradamente las órdenes de restricción de acercamiento dictadas por la Justicia.

En ese contexto, también fue denunciado por perseguir a la mujer en un vehículo cerca del puente sobre el río Chubut, lo que profundizó la situación de intimidación.

Investigación digital

Para identificar al responsable que operaba mediante perfiles falsos, la División Policial de Investigaciones (DPI) realizó un trabajo de análisis tecnológico junto con la Fiscalía.

Durante la investigación se cruzaron datos con compañías telefónicas y con la empresa Meta, propietaria de Facebook. Además, se secuestró el teléfono celular del acusado, del cual se lograron recuperar mensajes y capturas que habían sido eliminados.

Un fallo con impacto

Como parte de la condena, la Justicia dispuso el secuestro definitivo del celular utilizado para cometer los delitos.

Aunque la víctima decidió mudarse a Bariloche para recuperar su tranquilidad, desde la Fiscalía señalaron que el fallo deja un mensaje claro: la violencia de género también puede ejercerse en entornos digitales y tiene consecuencias penales.