La Sala II de la Cámara, integrada por los magistrados Irurzun, Farah y Boico, confirmó la decisión previa de la jueza María Servini. El cabo primero Guerrero enfrenta cargos por los siguientes delitos:

• Lesiones gravísimas: agravadas por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y el abuso de sus funciones.
• Abuso de armas: agravado y reiterado en cinco oportunidades.

La investigación determinó que el gendarme, señalado como el responsable de lanzar la granada de gas lacrimógeno que golpeó a la víctima, realizó seis detonaciones de forma “prácticamente horizontal” hacia los manifestantes. Los camaristas remarcaron que, según los manuales de uso y estándares internacionales, estos cartuchos jamás deben dispararse directamente contra una persona.

El pedido de justicia de la familia

Pablo Grillo, quien se encontraba trabajando en la cobertura de la marcha al momento del ataque, sufrió una fractura expuesta de cráneo y hematomas intracraneales. A raíz de estas lesiones, todavía permanece en proceso de rehabilitación.

La resolución judicial se dio a conocer luego de que la madre del fotógrafo, María del Carmen, enviara una carta a los jueces en vísperas de Navidad. En su mensaje, les solicitó que reconozcan que el mal accionar provino de un solo lado y subrayó que su hijo “solo estaba sacando fotos”.

Un aspecto relevante del fallo es el planteo del juez Roberto Boico, quien sugirió profundizar la investigación más allá de la conducta individual de Guerrero. El magistrado consideró necesario determinar la responsabilidad de las autoridades que estuvieron a cargo del operativo de seguridad aquel día.