Con 63 votos a favor y 7 en contra, el Senado de la Nación dejó sin efecto el veto del presidente Javier Milei y restituyó la ley de emergencia en discapacidad, que extiende la vigencia de la norma hasta 2026. Se trata del primer rechazo a un veto presidencial en más de 20 años.

La sesión, caracterizada por un amplio consenso opositor, permitió superar los dos tercios necesarios para revertir la decisión del Ejecutivo. La ley declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año, e incluye medidas como la reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles para prestaciones y la implementación de compensaciones económicas.

El debate fue presidido por Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), en reemplazo de Victoria Villarruel, quien se encontraba al frente del Ejecutivo por el viaje presidencial al exterior.

Durante la discusión, senadores de distintos bloques expresaron sus posturas. Pablo Bensusán (La Pampa, PJ) cuestionó el veto, señalando que impedía que las personas con discapacidad accedan a una pensión equivalente al 70% del salario mínimo, y afirmó que los recortes condenaban a la exclusión a quienes necesitan terapias o acceso al trabajo.

Carmen Álvarez Rivero (Córdoba, oposición dialoguista) manifestó su desacuerdo con la ley, pero pidió al ministro de Salud, Mario Lugones, incrementar los aranceles de las prestaciones. Por su parte, Guadalupe Tagliaferri (CABA) sostuvo que “la libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad” y resaltó la importancia de la intervención estatal en salud, educación e infraestructura.

José María Carambia (Santa Cruz) advirtió que, de no cumplirse la aplicación de la norma, promoverá un pedido de juicio político contra el Presidente.

El debate también incluyó cruces entre legisladores oficialistas y opositores. Francisco Paoltroni (Formosa, La Libertad Avanza) defendió la política de pensiones, mientras que José Mayans (Unión por la Patria) lo criticó con dureza.

Finalmente, Eduardo Vischi (Corrientes, jefe del bloque radical) subrayó que la emergencia responde a un “deterioro sostenido” en el área de discapacidad y reclamó al Gobierno una política clara para atender las demandas del sector.

La votación evidenció un amplio respaldo opositor y marcó divisiones dentro del oficialismo. Con la ley restablecida, el Ejecutivo deberá aplicarla en los términos aprobados por el Congreso.