El vandalismo en la zona de los yacimientos ha escalado a niveles críticos. En las últimas semanas, se ha observado un incremento de los robos de cables en las cercanías de la ciudad y en los Centros de Distribución Regional (CDR), afectando de manera directa la operatividad de petroleras.

A pesar de que algunas empresas han incrementado notablemente el gasto en dispositivos de protección y vigilancia privada, no logran detener una ola de delitos que impacta de lleno en los niveles de producción. Se trata de un flagelo de larga data que, lejos de amesetarse, ha encontrado un nuevo impulso en la rentabilidad del material sustraído.

El mercado del “oro rojo”
La motivación detrás de estos ataques es puramente económica. Actualmente, el kilo de cable de cobre se vende en el mercado negro a unos 17.000 pesos, un precio que incentiva a los delincuentes a arriesgarse en instalaciones de media y alta tensión.

Este valor genera un circuito ilegal de comercialización que es alimentado por el vandalismo sistemático. Ante esta situación, la policía intenta por todos los medios actuar para frenar los ataques, aunque hasta el momento no se han informado aprehensiones ni detenidos vinculados a estos últimos incidentes en la zona de CDR.

En la mira: La cadena de comercialización
Lo que se ha podido saber en relación con este delito es que se está evaluando profundizar la investigación sobre los centros de acopio y aquellos que compran cobre en la zona. La premisa es clara: mientras exista un mercado que absorba el material robado sin certificar su origen, la infraestructura que sostiene la economía regional seguirá bajo amenaza.