El juez Jorge Gorini autorizó este martes que Cristina Fernández de Kirchner cumpla prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, en el marco de la condena a seis años que recibió en la causa Vialidad.
La medida fue confirmada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y responde, según el fallo, a cuestiones de seguridad personal y edad de la exmandataria, además de apuntar a descomprimir la movilización que sus seguidores organizaban para este miércoles en Comodoro Py.
La notificación fue realizada vía Zoom, tal como había sugerido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y se dispuso para que Cristina Kirchner permanezca en su vivienda de la calle San José 1111. “El Estado no puede exponerla a situaciones de violencia intramuros ni a un aislamiento que constituya trato cruel o inhumano”, señala uno de los fragmentos más fuertes de la resolución.
Reglas estrictas y control permanente
La prisión domiciliaria impuesta incluye una serie de condiciones que Cristina Fernández deberá cumplir, entre ellas:
- Permanecer en su domicilio sin excepción, salvo fuerza mayor o autorización previa del tribunal.
- Abstenerse de alterar la tranquilidad del vecindario.
- Presentar en 48 horas una lista de familiares, custodios, médicos y abogados habilitados a ingresar sin orden judicial.
Además, la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica colocará un dispositivo de control —que no necesariamente será una tobillera— para supervisar que no se viole el arresto.
La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal tendrá a su cargo la supervisión trimestral del cumplimiento de estas medidas. En caso de incumplimiento, el beneficio puede ser revocado y la expresidenta podría ser trasladada a una cárcel federal.
El rechazo de los fiscales y los argumentos de la defensa
Horas antes de la decisión, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se manifestaron en contra del pedido de domiciliaria, argumentando que la exmandataria no tiene problemas de salud que justifiquen el beneficio y que su edad —72 años— no alcanza para configurarlo como excepción.
No obstante, la defensa liderada por Alberto Beraldi sostuvo que Cristina Fernández es blanco de un riesgo concreto. “Nuestra defendida fue víctima de un intento de magnicidio cuyos autores intelectuales podrían tener relación con autoridades actuales del Ministerio de Seguridad”, señaló el letrado, en alusión a la imputación del diputado Gerardo Milman.
Además, enfatizaron que el régimen penitenciario no puede garantizar condiciones de seguridad adecuadas para una expresidenta con custodia oficial y acceso a información sensible del Estado.
La estrategia para desactivar la marcha
Según revelaron los periodistas Irina Hauser y Raúl Kollmann, el Gobierno de Javier Milei intervino informalmente para que el tribunal aprobara la domiciliaria con el fin de desactivar la movilización masiva que el kirchnerismo prepara para este miércoles. El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, habría gestionado con miembros del TOF 2 para que la resolución se firmara este martes.
Tras conocerse la medida, la convocatoria a reunirse en las afueras del departamento de Cristina Kirchner en Constitución sigue en pie, como lo confirmó en su cuenta de Twitter (X) el senador Eduardo “Wado” De Pedro:
“Ser expresidenta no le otorga inmunidades”, aclaró el tribunal. Pero también admitió que su encarcelamiento en una prisión común implicaría “una afectación inadmisible a derechos constitucionales básicos”.
