El planteo llega luego de que la Justicia rechazara un pedido similar durante la feria judicial de enero.

En la presentación, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que el monitoreo electrónico es innecesario debido a la presencia de custodia permanente en el domicilio del barrio de Constitución. Asimismo, los letrados solicitaron que se revoquen las restricciones al régimen de visitas y las limitaciones al uso de la terraza del edificio, impuestas tras un encuentro de la exmandataria con economistas que generó controversia pública.

La postura de la fiscalía y el tribunal

Pese a los argumentos de la defensa, el fiscal Mario Villar dictaminó a favor de mantener las disposiciones actuales fijadas por el Tribunal Oral Federal 2. Según el fiscal, no existen razones de peso para modificar el régimen de detención vigente.

La decisión final quedó ahora en manos de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Cabe destacar que estos dos últimos magistrados ya se manifestaron anteriormente en contra de modificar las condiciones de detención de la exjefa de Estado, lo que anticipa un escenario complejo para el reclamo de la defensa.

Antecedentes y argumentos

La defensa fundamentó el pedido destacando el cumplimiento de todas las obligaciones procesales desde el inicio del arresto domiciliario. También señalaron que se tramitaron correctamente los permisos durante la internación médica de la expresidenta en el verano, reforzando la postura de que no existe riesgo de fuga.

Con los dictámenes de ambas partes ya presentados, se espera que el máximo tribunal penal resuelva en los próximos días si mantiene el sistema de monitoreo o si accede a los pedidos de flexibilización solicitados.