Diego Spagnuolo comenzó su vínculo con Javier Milei a través de las redes sociales, donde defendía sus ideas y atacaba a opositores. En 2021 fue candidato a diputado por La Libertad Avanza y luego se convirtió en abogado personal del hoy Presidente. Tras la asunción del Gobierno, fue designado al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Desde ese lugar aplicó un fuerte ajuste: más de 350 despidos —incluyendo personas con discapacidad, con enfermedades crónicas y hasta embarazadas— y la suspensión de 65.000 pensiones por invalidez, con la proyección de alcanzar 400.000 antes de fin de año. También generó críticas la publicación de resoluciones con terminología discriminatoria hacia personas con discapacidad.
Durante su gestión, Spagnuolo discriminó públicamente a beneficiarios y sus familias. Entre los casos más destacados está el de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, y su madre, Marlene Spesso, a quienes les dijo: “su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”, según relataron los propios familiares.
Además, la ANDIS difundió documentos con términos ofensivos hacia personas con “retardos mentales” en el Boletín Oficial, generando condena social y mediática.
Spagnuolo se transformó en uno de los funcionarios más cercanos al Presidente, al punto de haber ingresado 38 veces a la Quinta de Olivos, superando a la mayoría de los ministros.
El inicio del escándalo
El caso estalló tras la filtración de audios en los que Spagnuolo habla de supuestos pagos ilegales en el área de Salud. En esas grabaciones se escucha mencionar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem como parte de un esquema de recaudación mensual: “Se llevan de medio palo para arriba por mes”, dice en una de las frases más difundidas.
En otro pasaje, la voz atribuida al exfuncionario afirma: “Hablé con el Presidente (Milei) y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina’”.
La investigación judicial
Las grabaciones derivaron en una causa a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Se realizaron 14 allanamientos en la sede de la ANDIS, en la droguería Suizo Argentina y en domicilios particulares.
En la vivienda de Spagnuolo, en Pilar, la Policía secuestró una máquina de contar billetes, celulares, una computadora y documentación. En Nordelta, donde vive Emmanuel Kovalivker, directivo de Suizo Argentina, se hallaron 266 mil dólares y 7 millones de pesos en sobres.
Las consecuencias políticas
Tras el avance judicial, el Gobierno dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad y removió a Spagnuolo junto con Daniel Garbellini, director de Acceso a Servicios de Salud. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó: “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”.
La crisis coincidió con el rechazo en el Congreso al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que dejó en evidencia el malestar social por el ajuste en el sector. Desde la oposición ya impulsan una comisión investigadora para revisar contratos y responsabilidades políticas.
Hoy, Spagnuolo enfrenta la Justicia mientras el Gobierno mantiene silencio sobre un escándalo que involucra directamente a integrantes del círculo íntimo del Presidente.
