La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 7 de julio a las 12 horas la audiencia en la que se resolverá el régimen de visitas de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.
La decisión llega luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2, al otorgarle el arresto domiciliario, exigiera una lista restringida de personas habilitadas a visitarla, incluyendo solo a familiares, abogados, médicos y custodios, cualquier otra visita requiere autorización judicial.
Ante esto, los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un pedido para flexibilizar el régimen, que fue rechazado por el TOF. La defensa apeló y ahora será Casación —integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña— quien definirá si se mantiene la medida.
En su presentación, los abogados sostienen que las restricciones actuales afectan el derecho a la vida familiar y social de su defendida. “Las personas bajo arresto domiciliario tienen derecho a desarrollar actividades no prohibidas por ley”, afirmaron.
También remarcaron que la expresidenta necesita reunirse frecuentemente con sus apoderados, asesores contables y políticos, y que como titular del Partido Justicialista, no puede quedar aislada de sus funciones. “No parece sensato que encuentros con dirigentes, incluso internacionales, deban estar sujetos a autorización judicial previa”, señalaron.
La defensa también impugnó la decisión del tribunal de imponerle a Fernández de Kirchner el uso de una tobillera electrónica, aunque ese recurso todavía no fue evaluado por Casación.
En paralelo, 44 diputados y 30 senadores nacionales —todos del bloque de Unión por la Patria— presentaron un documento ante el TOF N°2 en el que rechazan la necesidad de solicitar permiso para visitar a la exmandataria.
En ese texto, legisladores argumentan que el mandato de representación popular y la inmunidad parlamentaria les otorgan la facultad de mantener contacto con cualquier ciudadano, incluso si se encuentra bajo arresto. “No necesitamos autorización alguna del Poder Judicial para ejercer nuestras funciones”, afirmaron. Agregaron que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal, sino una garantía institucional.
El bloque legislativo adelantó que continuarán visitando a Cristina Kirchner “en cada oportunidad que sea necesaria” y que “los jueces no deben interferir en facultades privativas de otros poderes”, en referencia a la división de poderes establecida en la Constitución.
La audiencia del 7 de julio será clave para definir si se flexibiliza el régimen de visitas. Tras las exposiciones, la Cámara de Casación tendrá cinco días hábiles para resolver.
Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola aún tienen tiempo para apelar la prisión domiciliaria otorgada a la expresidenta. Ambos habían manifestado su oposición a esa medida durante el proceso.
