Luis López presentó una acusación formal contra la psicóloga Jennifer Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos del Niño, a quien responsabiliza por su actuación en el proceso que derivó en la restitución de su hijo, Ángel López, a su madre biológica.

Según el escrito judicial, la profesional habría incurrido en presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionaria pública y abandono de persona seguido de muerte. El denunciante sostiene que la intervención técnica de la funcionaria fue determinante en la decisión judicial que permitió que el niño regresara a un entorno donde, posteriormente, habría sido víctima de un homicidio.

“Ángel López no murió de una sola vez. Murió de a golpes, durante diez días, en el hogar al que el Estado lo había devuelto”, señala uno de los pasajes de la denuncia. En esa línea, el documento plantea que la restitución “fue el resultado de informes técnicos elaborados, firmados y avalados por la denunciada”, y agrega: “Sin esos informes, sin esa restitución, sin esa omisión de seguimiento, el niño Ángel no habría estado en ese hogar”.

La presentación judicial también cuestiona la omisión de pruebas relevantes. Según se detalla, el padre habría aportado un registro audiovisual en el que el niño manifestaba temor y rechazo a volver con su madre. Sin embargo, “la voz del niño fue borrada del informe técnico destinado al juez”. Asimismo, se denuncia que el informe oficial no hace mención alguna a antecedentes de maltrato, lo que se interpreta como “supresión de la evidencia más directamente pertinente para una evaluación de riesgo”.

Otro de los puntos centrales del informe previo realizada por el padre. “‘Ya se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo’, a lo que la Lic. Leiva respondió ‘qué miedo’, en tono sarcástico”, sostiene el texto, que describe una actitud de minimización del riesgo y confrontación por parte de la funcionaria.

La denuncia también pone el foco en la falta de controles posteriores a la restitución. Durante un período de cinco meses, según se afirma, no se habrían realizado visitas domiciliarias ni seguimiento institucional. “Esa coincidencia no es circunstancial: es el núcleo fáctico del delito de abandono agravado”, indica el documento, remarcando que una intervención mínima podría haber detectado la situación de peligro.

Además, se menciona un episodio ocurrido en el Hospital Regional, donde el niño permanecía internado en estado crítico. Allí, la profesional habría impedido el ingreso del padre y familiares a la sala de atención, y posteriormente abandonó el hospital de forma inesperada al tomar conocimiento de la denuncia.

En su presentación, López solicita medidas urgentes, entre ellas la suspensión preventiva de la funcionaria y el secuestro de documentación vinculada al caso, con el objetivo de preservar pruebas para la investigación.

La denuncia se apoya en normativa nacional e internacional, incluyendo la Ley Lucio, que refuerza las obligaciones del Estado en la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.