Frente a la presentación del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso, diversos sectores académicos y científicos alzaron la voz para advertir que el espíritu de la norma dista notablemente de su denominación oficial. “Tiene un nombre engañoso; en realidad, lo que hay detrás es una ley de extranjerización del territorio”, sentenció de forma tajante la socióloga Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y becaria del Conicet.

En diálogo con Actualidad 2.0 en Radio del Mar, la especialista detalló que la iniciativa oficial avanza de manera directa en la modificación y virtual derogación de los artículos principales de la Ley de Tierras sancionada en 2011. Aquella legislación pionera establecía un tope de control del 15% para los capitales extranjeros radicados en el exterior y protegía de manera especial las áreas de seguridad fronteriza y los inmuebles rurales que contuvieran cuerpos de agua permanentes. “Todo esto, esta ley lo barre”, fustigó Caggiano, remarcando que el proyecto no busca beneficiar a quienes desean habitar y trabajar el suelo argentino, sino facilitar el acaparamiento por parte de grandes corporaciones internacionales que operan de forma remota.

La investigadora cruzó los argumentos del Gobierno, que asocia la flexibilización normativa con la llegada de inversiones y el desarrollo económico para el país. Según el análisis del Observatorio, la combinación de esta reforma con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares desprotege los recursos fundamentales en un siglo signado por la escasez de bienes naturales. “Estas empresas no tendrían la obligación de dejar nada en el país, ni de contratar mano de obra local, ni de comprar un tornillo donde se ubiquen”, disparó, señalando que el marco legal pondera la propiedad privada individual por sobre derechos colectivos esenciales, otorgando, por ejemplo, el uso prioritario del agua a firmas privadas por encima del consumo de comunidades locales.

De acuerdo con las estadísticas que maneja el organismo, en la actualidad existen unas 13 millones de hectáreas en manos de titulares extranjeros, lo que representa aproximadamente el 5% del territorio rural nacional. Si bien la normativa vigente aún permite un margen de extranjerización de 26 millones de hectáreas adicionales antes de alcanzar el techo legal, el apuro del oficialismo por derogar los límites radica en que los inversores internacionales ya saturaron las cuotas permitidas en los departamentos más cotizados del mapa. “No es que quieran más tierra en abstracto, sino que quieren la tierra más valiosa de nuestro territorio: la que tiene minería, tierras raras, nacientes de ríos o salida directa al mar y la cordillera”, explicó, citando casos emblemáticos como las propiedades de Joe Lewis o las presiones inmobiliarias en Bariloche.

Finalmente, Caggiano alertó sobre las consecuencias sociales inmediatas en la región patagónica si se abre la oferta al mercado globalizado, describiendo un inminente fenómeno de “gentrificación” rural que desplazaría a los productores locales ante la imposibilidad de competir con cotizaciones internacionales. Como ejemplo alarmante, expuso la situación de la localidad de Lácar, en San Martín de los Andes, que ya cuenta con el 54% de su superficie rural extranjerizada y podría ver elevados sus índices a niveles de exclusión total si se aprueba la ley. Ante este panorama, organizaciones territoriales de todo el país iniciaron la coordinación de una gran “jornada federal” de movilización para el próximo miércoles 29 de julio, fecha en la que se prevé que el proyecto sea debatido en la Cámara de Diputados.