Este jueves se conoció un episodio confuso y violento que tuvo como protagonista a la intendente de Los Antiguos, Zulma Neira, quien se vio envuelta en un escándalo que terminó con denuncias cruzadas y la propia jefa comunal internada en medio de una crisis de nervios.
Tras esto, dado a conocer en exclusiva por La Opinión Austral, concejales y referentes del espacio político de la intendente del sector “Por Santa Cruz”, salieron a respaldarla y a denunciar un supuesto hostigamiento del que sería víctima hace mucho tiempo.
Cabe recordar que durante e episodio de violencia, el vecino de nombre Cristian Roberto Olivares manifestó que, mientras caminaba por la calle Maca Tobiano, la intendenta Neira, presente en las cercanías, comenzó a insultarlo e intentó empujarlo sin motivo aparente, según indicó Olivares. Luego el altercado siguió en otra zona de la localidad, episodio que incluyó a la pareja de Neira, el suboficial escribiente César Pita. Ambos fueron acusados de agresión.
La otra versión
Concejales y referentes del espacio de Zulma Neira, manifestaron en el comunicado que lo que ocurre en Los Antiguos “es inaceptable“. Y añadieron: “No hablamos de crítica política, sino de una persecución personal y machista contra una mujer y su familia. Una violencia que ha llegado a niveles intolerables y que no podemos normalizar por parte del pueblo ni funcionarios provinciales”, expresaron.
Luego de hablar de duras acusaciones para con las hijas de Neira, indicaron: “Como si la legitimidad de una mujer en política se midiera por cómo luce, cómo viste o qué decisiones toma sobre su propio cuerpo. Ese hostigamiento no es casual: es la herramienta más vieja del machismo para desautorizar a las mujeres que deciden ocupar lugares de poder”.
Asimismo, afirmaron: “Nada es más grave que exponer a los hijos e hijas en una disputa política. Nada más cobarde que señalar la vida privada de una mujer para intentar disciplinarla. Es violencia machista pura y dura: se la quiere someter no por sus decisiones de gestión, sino por ser mujer, por ser madre, por ser esposa”.
Dando a entender que el tema viene por una interna, aseguraron: “Y lo más brutal de todo quedó registrado en los videos que circular: la intendenta, tirada en el suelo, colapsada por la violencia sufrida, y alrededor teléfonos que filman, voces que alientan a seguir grabando, a registrar su estado de vulnerabilidad. Sin un mínimo de compasión. Sin un destello de humanidad. Esa escena no habla de ella, habla de nosotros como sociedad: de cuán bajo podemos caer cuando la violencia y el odio nos vuelven incapaces de tender una mano”.
Por su parte, manifestaron: “Pero igual de grave que los insultos y las agresiones el silencio. El silencio de quienes ocupan cargos públicos y prefieren mirar hacia otro lado, como si esta violencia no existiera, como si la integridad de una familia no estuviera siendo destrozada. Ese silencio es complicidad. Callar ante el hostigamiento no es neutralidad, es aval”.
En el comunicado, se indicó que quienes cruzan estas líneas “no están defendiendo ideas, están sembrando odio. Están destruyendo la salud mental y la integridad de una familia. Están degradando la democracia” y añadieron: “Los discursos de odio deben frenarse. Porque cuando la política se convierte en agresión a las hijas, en insultos sobre el cuerpo y la apariencia de una mujer, en burlas hacia quien colapsa en el suelo, lo que se destruye no es solo a una persona, es el pacto de convivencia de toda una comunidad”.
Finalmente, se sostiene que en el video se ve con claridad: “la intendenta Zulma se acerca hasta la casa de un funcionario provincial para pedirle explicaciones por los agravios recibidos. Y lo que obtiene como respuesta no es diálogo ni respeto, sino un celular encendido y gritos en la cara que le impiden expresarse” y subrayaron: “Esa escena retrata de manera descarnada la violencia política y machista: una mujer electa por el pueblo intentando hablar, y un hombre con cargo institucional reduciéndola al silencio a fuerza de hostigamiento y gritos. Ese comportamiento no solo es indigno de un funcionario público: es un atentado contra la convivencia democrática”.