El proyecto, que ya cuenta con el aval del Senado, llega al recinto impulsado por la Casa Rosada y un bloque de gobernadores cordilleranos que ven en la flexibilización ambiental la llave maestra para activar inversiones mineras bajo el amparo del RIGI.

El debate técnico se centra en el ambiente periglaciar y los glaciares de roca, que funcionan como verdaderos reguladores del sistema hídrico nacional. La nueva normativa propone redefinir qué áreas merecen protección, limitándola a cuerpos de hielo que demuestren un tamaño y una persistencia específicos. Para el sector desarrollista, liderado por mandatarios de San Juan, Mendoza y el norte argentino, esto representa un “sinceramiento” necesario para destrabar proyectos de cobre y litio valuados en más de 20.000 millones de dólares, los cuales hoy se encuentran en un limbo jurídico por la supuesta ambigüedad de la ley vigente de 2010.

Argumentan que Argentina está perdiendo una oportunidad histórica de convertirse en un actor global en la transición energética por una legislación que consideran excesivamente restrictiva.

La advertencia científica: una amenaza irreversible al agua dulce

Desde la comunidad científica y las asambleas socioambientales, la advertencia es tajante: fragmentar el sistema glaciar para proteger solo los de gran tamaño es ignorar deliberadamente el funcionamiento de las cuencas.

La preocupación más grave radica en que habilitar la actividad industrial en estas zonas implica permitir el uso de explosivos y maquinaria pesada que destruirían físicamente estos “tanques de agua” naturales. Expertos del sector científico aclararon que la minería en estas áreas no es “limpia” porque utiliza detonaciones de gran escala. “Se vuelan los glaciares de roca para sacar lo que hay abajo; una vez que dinamitás ese reservorio, el daño es irreversible y no hay forma de recomponer un glaciar destruido”, detallaron en sus informes técnicos durante las audiencias públicas.

Bajo esta lógica, el riesgo de drenaje ácido en las nacientes de los ríos supone una sentencia de contaminación irreversible para el consumo humano y el riego de todas las poblaciones que viven valles abajo. La crítica más dura sostiene que el Estado está cediendo ante el lobby extractivista, priorizando la entrada de divisas y regalías inmediatas sobre la seguridad hídrica de las próximas generaciones en un contexto de crisis climática global. En este escenario, la reforma es vista no como una herramienta de desarrollo, sino como una vulneración a los principios de no regresión ambiental, dejando el futuro del agua en manos del beneficio económico inmediato de las mineras.

El escenario legislativo para la sesión

Con un quórum que el oficialismo estima garantizado en 129 legisladores, la sesión del miércoles se perfila como el desenlace de una puja histórica. Se espera que La Libertad Avanza logre consolidar entre 130 y 134 votos para sancionar la ley definitivamente.

El plenario de comisiones de este martes funcionará como el último filtro de un debate donde lo que se vota, en última instancia, es el costo ambiental que Argentina está dispuesta a pagar por su ingreso al mercado global de la minería a gran escala.