La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles y otorgó media sanción al proyecto de ley que crea el denominado “Súper RIGI”, una versión ampliada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones orientado de forma exclusiva al sector de Nuevas Industrias. La iniciativa oficialista, que busca captar desembolsos de capitales transnacionales en áreas estratégicas de la economía y la producción de alto valor agregado, cosechó un total de 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Tras este primer aval legislativo, el expediente técnico continuará su debate institucional en el Senado de la Nación.

El plan diseñado bajo la órbita del Poder Ejecutivo para constituir un marco de incentivos y exenciones que se extenderá de forma ininterrumpida por las próximas tres décadas. El programa se diferencia del esquema que rige actualmente en el país debido a que restringe el abanico de beneficiarios únicamente a aquellos proyectos vinculados a la innovación tecnológica, la energía limpia, la minería de avanzada y los procesos productivos industriales que registren escaso o nulo nivel de desarrollo previo dentro de la República Argentina.

La columna vertebral de la nueva reglamentación estipula una barrera de ingreso marcadamente alta, fijando el piso de la inversión mínima en un monto superior a los 1.000 millones de dólares por cada propuesta corporativa presentada. La cifra estipulada para esta variante tecnológica representa un incremento de cinco veces el capital base exigido por el esquema normativo original de inversiones generales, asegurando que los beneficios fiscales queden reservados exclusivamente para infraestructuras de envergadura global y con impacto directo en el PBI nacional.

En el plano de los incentivos económicos, las corporaciones que logren incorporarse al padrón de beneficiarios gozarán de una estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria garantizada por el Estado nacional por un lapso de 30 años. Entre los beneficios fiscales más determinantes, el texto aprobado en la Cámara Baja contempla una fuerte reducción en la alícuota general del Impuesto a las Ganancias, la cual quedará fijada en un techo del 15% para las firmas incluidas en el régimen, sumado a la activación de mecanismos contables de amortización acelerada sobre el capital invertido en bienes de uso.

Desde los bloques parlamentarios de la oposición fundamentaron su rechazo al sostener que este tipo de normativas consolida asimetrías fiscales lesivas para el entramado de pequeñas y medianas empresas nacionales que no logran alcanzar esos niveles de facturación internacional. Por su parte, los legisladores alineados con la Casa Rosada defendieron los alcances del dictamen mayoritario argumentando que la vigencia del “Súper RIGI” resulta indispensable para dotar de previsibilidad jurídica a los mercados globales y lograr la radicación definitiva de las denominadas industrias del conocimiento en el territorio.