Un abordaje arbitrario y posible negligencia

En diálogo con la prensa, el letrado advirtió fallas en el proceso que derivó en la restitución del pequeño de cuatro años a su madre biológica, Mariela Altamirano, y a su pareja, Michel González, ambos presos y bajo investigación por homicidio, en el marco de una acusación que, de corroborarse, podría desembocar en sentencias de prisión perpetua para ambos.

Castillo señaló que el juez de Familia no habría realizado una escucha activa del menor, y explicó que “la Convención de los Derechos del Niño exige una escucha acorde al desarrollo madurativo”, agregando que Ángel “tenía dificultades para expresarse, y si el juez no pudo identificar que su figura materna era Lorena -madre de crianza de la víctima- es porque no hizo preguntas de contexto, solo escuchó ‘me quiero ir con mi mamá’ y supuso que hablaba de la progenitora”.

Las responsabilidades de los funcionarios

Por otra parte, el abogado criticó duramente que se hubiera dispuesto el cambio de guarda con base en el dictamen de la defensora de menores, sin que se llevara a cabo un análisis integral de la situación del pequeño, cuya autopsia reveló que había fallecido por el efecto de múltiples golpes en la cabeza: “No entendemos cómo, con un solo dictamen, se le quita el cuidado personal. Además, se dictó una prohibición de acercamiento que aisló completamente a Ángel de su entorno de contención”, sostuvo Castillo.

En este contexto, la causa judicial derivaría no solamente en la investigación sobre la autoría del homicidio sobre los principales imputados, sino también en las responsabilidades de los funcionarios que integran el sistema de protección de la niñez, y que habrían cometido actos negligentes al literalmente haberlo “dejado a su suerte”, escenario que derivó en su posterior asesinato.