Una nueva controversia se encendió en el ámbito de la salud pública a partir del anteproyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que busca desregular la comercialización de medicamentos de venta libre fuera del ámbito de las farmacias. La iniciativa generó un inmediato e intempestivo rechazo por parte de los profesionales del sector, quienes alertan por el riesgo que supone despojar al medicamento de la supervisión profesional de un farmacéutico.

El presidente del Colegio Farmacéutico de Chubut, Eduardo Molina, en Nuestras Mañanas en Radio Del Mar calificó la medida de “desregulación imprudente” y remarcó que se trata de un intento recurrente por parte de determinados sectores del poder político y financiero. “Esto no es nada nuevo; no estamos hablando de hace uno o dos años, sino de impulsos que desde hace 40 años aproximadamente aparecen a partir del Estado respondiendo a intereses económicos concentrados”, enfatizó el dirigente.

Molina explicó que el texto actual busca revivir mediante tratamiento parlamentario lo que en su momento pretendieron los artículos 315 y 325 del DNU 70, los cuales se encuentran frenados por una medida cautelar impulsada por la Confederación Farmacéutica Argentina. Asimismo, el representante provincial desmintió el argumento oficial sobre los costos: “Decir que los medicamentos valen 20 veces más en Argentina es una mentira absoluta que busca imponer un sistema concentrador, donde detrás se nota la mano de plataformas digitales de comercio electrónico”.

A pesar del impacto de la normativa nacional, el titular de la entidad farmacéutica brindó tranquilidad respecto al marco normativo vigente en el territorio chubutense. Al ser un país federal, la provincia cuenta con su propia Ley de Farmacia —sancionada en 2021—, la cual blinda el ejercicio liberal de la profesión y prohíbe taxativamente el expendio de fármacos en góndolas, kioscos o establecimientos ajenos a los centros sanitarios.

“La farmacia es un establecimiento sanitario y una profesión liberal, no un comercio común. La libertad de comercio no es un derecho absoluto cuando existe un bien jurídico superior como lo son las leyes sanitarias”, concluyó Molina, asegurando que la entidad continuará concientizando a los legisladores nacionales durante el debate en comisiones para frenar la pérdida de la barrera de protección farmacológica.