Desde la Casa Rosada admiten que, si bien respetan los pisos legales básicos para no quedar en infracción ante la Justicia, no planean incluir el gasto total anual en las asignaciones presupuestarias vigentes.

Esta postura responde a la preocupación oficial por el impacto fiscal de la ley, que según la Oficina del Presupuesto del Congreso representa entre un 0,28% y un 0,51% del PBI. Para el oficialismo, la implementación plena de la normativa pondría en riesgo el objetivo de déficit cero para el Presupuesto 2026.

La contrapropuesta parlamentaria

El Gobierno ya tiene lista una iniciativa para enviar al Congreso durante las sesiones ordinarias que busca acotar el gasto a través de los siguientes puntos:

• Ajuste de pensiones: Establece la prestación en un 70% del haber mínimo jubilatorio.
• Compatibilidad laboral: Permite que los beneficiarios tengan trabajo formal siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos.
• Aranceles y compensaciones: Propone un ajuste trimestral de aranceles y una compensación retroactiva para los prestadores del sector.

Presión judicial y negociación política

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al Gobierno a acreditar el cumplimiento de la ley a partir del 4 de febrero. Ante este escenario, el Ejecutivo busca negociar con gobernadores aliados para obtener los votos necesarios en el Congreso, vinculando posiblemente este debate con las reformas tributarias y laborales.

Además, el nuevo proyecto oficialista incluye modificaciones a la Ley de Financiamiento Universitario, impulsando una actualización del 20% en gastos de funcionamiento y un esquema de aumentos salariales escalonados entre diciembre de 2025 y abril de 2026.