El Gobierno nacional confirmó este lunes que avanzará con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo encargado de mantener y asistir más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión se oficializará por decreto y se complementará con la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas.

“La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”, afirmó Adorni desde Casa Rosada, acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien impulsa la reestructuración del Estado en el marco de lo que el Gobierno denomina “plan motosierra”.

Un organismo clave para la conectividad del país

Vialidad Nacional cuenta actualmente con más de 5.000 trabajadores distribuidos en todo el país. Entre sus tareas principales se encuentran el mantenimiento, señalización y control de rutas nacionales, además del despeje de nieve y hielo en regiones cordilleranas, especialmente en invierno.

También participa en situaciones de emergencia, como ocurrió con las recientes inundaciones en Bahía Blanca y Zárate-Campana, donde personal del organismo colaboró en el rescate, la asistencia y el restablecimiento del tránsito.

Con esta decisión, el Gobierno planea licitar la concesión de 9.120 kilómetros de rutas, lo que implica que el mantenimiento quedará en manos privadas. Además, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la nueva autoridad de fiscalización en materia vial.

Reacciones y denuncias

Desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) advirtieron que la medida pone en riesgo no solo los puestos de trabajo, sino también la seguridad en las rutas. “Estamos frente a un genocidio en las rutas nacionales. Este decreto lo ratifica”, expresó su secretaria general, Graciela Aleñá. Y agregó: “Mienten sobre nuestras funciones y esto está armado para hacer negocios”.

La dirigenta sindical fue más allá y advirtió: “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza”.

Según datos del sindicato, al menos 118 rutas nacionales quedarían sin cobertura directa tras el cierre de Vialidad, y más de 5.500 trabajadores podrían perder su empleo.

El anuncio también generó reacciones desde distintas provincias. Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alberto Weretilneck (Río Negro) incluso llevaron el conflicto a la Justicia federal, tras fracasar en sus intentos por lograr que el organismo nacional les transfiera rutas con concesiones vencidas o sin mantenimiento.

Un anuncio al filo del fin de las facultades delegadas

El comunicado oficial se dio un día antes de que venzan las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al presidente Javier Milei con la aprobación de la Ley Bases. El Gobierno había adelantado que utilizaría ese margen para avanzar con varias reformas estructurales por decreto antes del 9 de julio.

Está previsto que en las próximas horas el decreto que formaliza la disolución de Vialidad Nacional sea publicado en el Boletín Oficial. Hasta el momento, no se detalló cómo será el traspaso de funciones ni qué pasará con los trabajadores del organismo.