A través de un comunicado oficial, la cartera aseguró que avanzará en la Justicia con el patrocinio de la Procuración del Tesoro para revertir la decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63.

Desde el oficialismo cuestionaron duramente la presentación realizada por la CGT, que derivó en la suspensión provisoria de puntos centrales de la reforma. “El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias”, señalaron.

Para el Gobierno, la ley es una “expresión inequívoca de la voluntad legislativa” y adelantaron que no darán el brazo a torcer: “Se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la ley”, advirtieron desde Capital Humano.

La postura de la oposición

Desde los sectores gremiales y la oposición, sostienen que la aplicación de estos artículos generaría un daño irreversible al sistema laboral, al considerar que la reforma vulnera principios constitucionales y desprotege al trabajador. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la extensión del período de prueba y la modificación del sistema de indemnizaciones; para la CGT, estas medidas no fomentan el empleo formal, sino que facilitan el despido arbitrario y eliminan el carácter disuasorio de las multas por trabajo no registrado.

Asimismo, denuncian un intento de desarticulación del modelo sindical a través de la limitación del derecho a huelga en sectores declarados como “esenciales” y la restricción del financiamiento operativo de los gremios. Argumentan que el avance sobre la Ley de Contrato de Trabajo transfiere el riesgo empresarial directamente al empleado, debilitando la capacidad de negociación colectiva y criminalizando la protesta ante posibles conflictos laborales.