“Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”, expresaron desde el Ejecutivo, vinculando la necesidad del cambio al aumento de la violencia y la precocidad en el delito organizado.

El proyecto aprobado busca reemplazar la normativa vigente, que data de 1980, bajo el argumento de que el sistema actual se encuentra desfasado de la realidad social y delictiva del país. Según el comunicado oficial:

Se presentaron previamente más de 37 proyectos de reforma que nunca llegaron a ser tratados. El Gobierno sostiene que el delito se ha vuelto “más violento y más organizado”, lo que justifica la intervención penal a edades más tempranas.

Posturas encontradas y el nuevo escenario en el Senado

La votación reflejó la polarización del arco político: mientras el bloque oficialista y sectores aliados acompañaron la medida como una respuesta a la demanda de seguridad, la oposición (con 100 votos negativos) manifestó su rechazo cuestionando la eficacia de la baja de imputabilidad como solución de fondo y advirtiendo sobre posibles conflictos con tratados internacionales de derechos del niño.

Tras este resultado en la Cámara Baja, el proyecto pasará ahora al Senado para su tratamiento definitivo, donde el oficialismo buscará repetir el éxito obtenido en la jornada de hoy.

Dado que el oficialismo viene de aprobar la reforma laboral en el Senado recientemente, cuenta con un antecedente de negociación favorable en esa Cámara, aunque el debate por la baja de imputabilidad suele generar fisuras más profundas en los bloques aliados.