El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra las personas involucradas en el supuesto fraude detectado en el último examen de residencias médicas. La decisión fue anunciada este martes y forma parte de una serie de medidas para reforzar la transparencia en el acceso al sistema de salud.
“No vamos a permitir que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta, poniendo en riesgo la vida de todos. Acabamos de presentar la denuncia penal contra todos aquellos que hicieron trampa o fueron cómplices de la estafa en el examen de residencias médicas”, publicó en la red social X el vocero presidencial, Manuel Adorni. Además, reafirmó: “El que las hace, las paga”.
Según detallaron desde el Gobierno, la denuncia penal involucra tanto a quienes habrían cometido el fraude como a los presuntos facilitadores de las irregularidades. En este contexto, se determinó que 141 postulantes, en su mayoría extranjeros, deberán volver a rendir el examen el próximo 7 de agosto, bajo condiciones más estrictas de control y vigilancia.
El ministro de Salud, Mario Lugones, también se refirió al tema y afirmó que “no vamos a permitir que la salud quede en manos de profesionales que no están a la altura”. En esa línea, explicó que se definieron nuevos criterios de evaluación junto al Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para asegurar que el proceso de ingreso sea justo y basado en el mérito académico.
En un primer momento, el Ministerio había detectado 268 casos sospechosos, pero tras la revisión de un comité de expertos se validaron las notas de 127 postulantes. La nueva evaluación será escrita, con 100 preguntas de opción múltiple y un tiempo límite de cuatro horas.
La medida se enmarca en una política de fortalecimiento institucional en materia sanitaria, con el objetivo de garantizar que los futuros profesionales médicos cumplan con los requisitos de formación adecuados para ejercer en el sistema de salud público.
