El Poder Ejecutivo dispuso una profunda reestructuración del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad al disolver el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que arrastraba una grave crisis financiera, y reemplazarlo por dos nuevas entidades. La medida contempla un período de transición de hasta un año.

La decisión fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y ya vigente. La norma establece la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que funcionarán de manera diferenciada según la dependencia ministerial de cada fuerza.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, fundamenta la disolución del IOSFA en un “desequilibrio financiero sostenido”, producto del aumento de los costos en salud, la diversidad del padrón de afiliados y la dispersión territorial de la cobertura.

Desde el Gobierno señalaron que el sistema anterior se había vuelto inviable, con una deuda auditada cercana a los 200.000 millones de pesos, atribuida a irregularidades de gestiones previas y a un problema estructural que ponía en riesgo la atención de más de 500.000 beneficiarios.

Con el nuevo esquema, la cobertura sanitaria se reorganiza según el ámbito de cada fuerza. La OSFA funcionará como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y estará destinada al personal militar en actividad, retirados, civiles de las Fuerzas Armadas y sus familias. En tanto, la OSFFESEG dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional y brindará servicios al personal de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.

La normativa también fija criterios estrictos para la administración de los recursos. El 80% de los ingresos deberá destinarse exclusivamente a prestaciones médico-asistenciales; hasta un 8% podrá utilizarse para gastos administrativos y de funcionamiento; y el 12% restante podrá asignarse a otras prestaciones sociales, siempre que la cobertura de salud esté plenamente garantizada.