COMODORO RIVADAVIA Y RADA TILLY  |  Miércoles 18 de marzo, 2026
ajuste

El Gobierno elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y transfiere sus funciones a Salud

El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud. La medida fue justificada por presuntas irregularidades administrativas y una estructura sobredimensionada, mientras el Ejecutivo aseguró que no se verán afectadas las pensiones ni las prestaciones.

El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso total de sus funciones al Ministerio de Salud, en una decisión que se inscribe dentro del proceso de reorganización del Estado impulsado por el Ejecutivo. La medida fue comunicada este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien cuestionó duramente el funcionamiento del organismo.

Según la explicación oficial, la ANDIS —creada en 2017 para coordinar políticas públicas destinadas a personas con discapacidad— desarrolló con el tiempo una estructura administrativa considerada sobredimensionada e ineficiente. En ese sentido, Adorni habló de un “descontrol administrativo” y de una proliferación de cargos políticos que, aseguró, desvirtuaron el objetivo original del organismo.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la eliminación de la agencia no implicará la suspensión de pensiones ni la reducción de prestaciones, un punto que fue subrayado ante la sensibilidad del área. No obstante, el anuncio se produce en un contexto de ajuste del gasto público y revisión de programas sociales, lo que mantiene abiertas las dudas sobre el impacto real que tendrá la medida en la población alcanzada.

La absorción de las funciones de la ANDIS por parte del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, incluirá la implementación de auditorías permanentes y la redefinición de los criterios de administración de las políticas de discapacidad, que pasarán a estar bajo una lógica sanitaria. Además, se confirmó la eliminación de 16 cargos políticos y una reducción cercana al 46% de la estructura jerárquica del organismo.

La decisión se adopta en medio de denuncias, investigaciones internas y cuestionamientos por presuntas irregularidades en la gestión de la agencia, argumentos que el Gobierno utiliza para respaldar su disolución. Sin embargo, hasta el momento no se informaron resultados concretos de esas auditorías ni eventuales responsabilidades individuales.

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