COMODORO RIVADAVIA Y RADA TILLY  |  Sábado 18 de abril, 2026
Nacionales

El Gobierno impulsa reformas en salud mental y endurece controles sobre pensiones por discapacidad

El Ejecutivo envió al Congreso proyectos de ley que buscan actualizar la normativa vigente, mejorar los criterios de intervención y reforzar auditorías para evitar irregularidades en beneficios sociales.

El Gobierno nacional presentó en el Congreso una serie de proyectos de ley orientados a reformar el sistema de salud mental y fortalecer los controles sobre las pensiones por discapacidad. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, se enmarca en una estrategia más amplia para reorganizar áreas clave del sistema sanitario y de asistencia social.

En materia de salud mental, el proyecto propone modificaciones a la actual Ley de Salud Mental de Argentina con el objetivo de precisar criterios diagnósticos y adecuarlos a estándares internacionales. Uno de los puntos centrales es la redefinición del concepto de riesgo, que pasará a enfocarse en situaciones que impliquen peligro concreto para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, lo que permitiría intervenciones más rápidas y preventivas.

Además, se plantean cambios en el régimen de internaciones. Aunque seguirán siendo consideradas un recurso excepcional, se habilita a los profesionales de la psiquiatría a disponer internaciones involuntarias en casos urgentes. Estas decisiones deberán ser posteriormente evaluadas por equipos interdisciplinarios y notificadas a la Justicia, con plazos más amplios que los actuales.

El proyecto también reconoce las limitaciones estructurales del sistema para reemplazar completamente los hospitales especializados, por lo que propone una red de atención más flexible que combine instituciones monovalentes, hospitales generales y dispositivos comunitarios.

En paralelo, la iniciativa incorpora medidas para reforzar el control sobre las pensiones por invalidez. Entre ellas, se incluyen auditorías más estrictas, revisiones periódicas de los beneficios y nuevos mecanismos para evitar otorgamientos indebidos. Desde el Ejecutivo sostienen que estas medidas apuntan a reducir irregularidades y garantizar una asignación más transparente de los recursos públicos.

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