La autoridad laboral fundamentó la intimación en la vigencia de la Conciliación Laboral Obligatoria. Según el documento oficial, las organizaciones sindicales están obligadas a abstenerse de realizar “medidas de acción directa” mientras se desarrollen las instancias de negociación administrativa. El incumplimiento de esta norma habilitaría al Ejecutivo a aplicar multas económicas y sanciones a las personerías gremiales.

Los puntos de tensión administrativa

La estrategia del Gobierno nacional se apoya en dos ejes centrales para desactivar la protesta: la Secretaría de Trabajo sostiene que los gremios no han agotado las instancias de diálogo previas, por lo cual el paro constituye una violación a los procedimientos legales establecidos. Por otro lado, se informó que se realizarán controles para verificar la prestación de servicios mínimos en colectivos y trenes, con el fin de determinar responsabilidades en caso de parálisis.

Contexto de la medida de fuerza

La presión del Ejecutivo sobre el transporte se produce en paralelo al tratamiento de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados. Mientras el oficialismo cedió en puntos críticos del proyecto para asegurar su aprobación, los gremios mantienen la convocatoria al paro en rechazo al resto de las modificaciones que afectan los aportes patronales y el sistema de indemnizaciones.

Hasta el momento, las cúpulas sindicales no han confirmado si acatarán la intimación o si profundizarán el plan de lucha, lo que mantiene la incertidumbre sobre el funcionamiento del transporte público para la jornada de mañana.