La medida se da un año y medio después de que la Secretaría de Turismo, conducida por Daniel Scioli, transfiriera el predio a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Al contar con la declaración de Monumento Histórico Nacional, el complejo no puede ser enajenado y el propósito oficial de la transferencia es avanzar hacia una licitación pública para otorgar la administración del lugar en concesión a una firma privada.

Los alcances de la resolución y plazos legales

La normativa, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 129/2026 de la Jefatura de Gabinete, establece que el pase a disponibilidad comprende a un total de 76 trabajadores de planta permanente. La mayor parte de la dotación afectada posee una antigüedad promedio de dos años y diez meses en el sector público, aunque la medida también abarca a un segmento minoritario de empleados con trayectorias institucionales que van desde los 19 hasta casi los 40 años de servicio.

A partir de la oficialización del decreto, los empleados mantendrán su relación de dependencia con el Estado por un lapso máximo de hasta 12 meses. Durante este intervalo de transición, el personal podrá participar de diversas instancias de capacitación, reubicación interna o asignación de nuevas funciones en otras dependencias del sector público nacional. Sin embargo, si una vez cumplido el plazo de un año el trabajador no ha sido reasignado de manera efectiva a un nuevo puesto laboral, se procederá a su desvinculación definitiva de la administración pública junto con el cobro de la indemnización correspondiente.

Asimismo, el texto oficial dejó sin efecto de forma inmediata todas las comisiones de servicio, adscripciones y funciones transitorias que estuvieran vigentes para este personal. En esa misma línea administrativa, la Jefatura de Gabinete dispuso la nulidad de las licencias sin goce de haberes que se hubieran otorgado previamente y determinó que queden suspendidos todos los trámites de traslado que se encontraban en curso.

Esta reorganización de la planta estatal de Chapadmalal se suma a las medidas de reestructuración y supresión de dependencias que la administración central viene aplicando de forma paralela sobre la Unidad Turística de Embalse, ubicada en la provincia de Córdoba, el otro complejo histórico de turismo social bajo tutela del Estado argentino.