La herramienta elegida por la Casa Rosada es la redacción de un decreto que permitirá la reasignación mensual de los fondos. A través de este mecanismo, el Jefe de Gabinete podrá redistribuir los recursos de manera interna, ajustando los créditos a medida que se actualice la recaudación y las metas fiscales. Desde el entorno presidencial aseguran que esta medida no implica un desfinanciamiento, sino una administración eficiente de los recursos bajo la premisa de que no se gasta más de lo que ingresa.

Una de las mayores preocupaciones de los gobernadores quedó despejada en las últimas reuniones técnicas, ya que el Gobierno garantizó que los ajustes necesarios no recaerán sobre las transferencias a las provincias. La intención es buscar los fondos dentro de las propias áreas del presupuesto nacional o mediante la optimización de gastos en otros sectores de la administración pública central.

En cuanto a los números, el impacto fiscal es significativo: la ley para las universidades representa aproximadamente un 0,14% del PBI, mientras que la emergencia en discapacidad podría alcanzar el 0,42%. Para equilibrar la balanza, el Ejecutivo propone para el ámbito universitario una actualización automática de gastos y una recomposición salarial escalonada. En el caso de discapacidad, se mantendrá la emergencia pero bajo parámetros que exijan “mayor claridad” en el universo de beneficiarios.

Esta ingeniería técnica busca despejar el camino para que el Senado apruebe finalmente el Presupuesto este viernes. Al aceptar el oficialismo que el texto no sufra más modificaciones en el recinto, se evita que el proyecto deba volver a Diputados, garantizando así que la “ley de leyes” quede sancionada antes del cierre del año y brindando previsibilidad al cuadro fiscal de 2026.