En medio del crecimiento de personas en situación de calle, el Gobierno nacional decidió reducir su intervención en la asistencia directa y trasladar esa responsabilidad a las administraciones provinciales y municipales. Lo hizo mediante el Decreto 373/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei.

La norma modifica el alcance de la Ley 27.654, sancionada originalmente para garantizar el acceso a la vivienda y proteger a quienes están en riesgo de perderla. Con el cambio, el Ejecutivo nacional pasa a ocupar un rol meramente rector, limitado a emitir lineamientos generales. Solo intervendrá directamente si las provincias no cuentan con recursos técnicos, humanos o financieros suficientes.

El nuevo organismo a cargo será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que deberá coordinar las acciones con las distintas jurisdicciones y supervisar el uso de los fondos en caso de que haya asistencia por parte del Estado nacional.

Según argumenta el decreto, la situación de las personas en situación de calle varía según la región del país, ya sea por densidad poblacional, precariedad habitacional o movilidad de trabajadores migrantes. Por eso, plantea que cada provincia o municipio defina sus propias estrategias, siempre dentro del marco de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Además, el Gobierno eliminó un punto clave de la ley original: derogó el inciso a) del artículo 12, que obligaba a mantener los programas de asistencia existentes, sin posibilidad de recorte o revisión. Según se explicó, esa exigencia dificultaba la reasignación de recursos y el rediseño de políticas.

La decisión generó críticas entre organizaciones sociales y especialistas, que advierten sobre un posible vacío en la atención estatal a una de las poblaciones más vulnerables.