Con el propósito de incentivar la inversión y frenar el declive productivo en áreas maduras, el Gobierno nacional elevó a 65 dólares el piso a partir del cual se aplican retenciones al petróleo crudo convencional. La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 59/2026 y tendrá un impacto directo en las cuencas productivas de Chubut, Santa Cruz y Neuquén.

De acuerdo con la nueva normativa, cuando el precio internacional del barril sea igual o inferior a los 65 dólares, la alícuota de derechos de exportación será del 0 %. De este modo, el Ejecutivo busca aliviar la carga fiscal sobre yacimientos que atraviesan un proceso de agotamiento natural y presentan altos costos operativos. Hasta ahora, el umbral para comenzar a tributar se ubicaba en los 45 dólares.

En este sentido, desde fuentes oficiales indicaron que la actualización del esquema impositivo apunta a mejorar la competitividad del sector hidrocarburífero convencional y a generar condiciones más atractivas para la continuidad de las inversiones en la región patagónica.

Cómo funcionará el nuevo esquema

Según lo publicado en el Boletín Oficial, el decreto establece que, si el precio del crudo supera los 65 dólares pero no alcanza los 80, se aplicará una fórmula de cálculo específica para determinar el monto de las retenciones. En tanto, cuando el valor del barril sea igual o superior a los 80 dólares, la alícuota pasará a ser del 8 %.

Asimismo, la Secretaría de Energía será la encargada de definir el volumen de petróleo alcanzado por este beneficio, evaluando la proporción de producción convencional en cada área concesionada. Para ello, el organismo contará con un plazo de 60 días para dictar las normas complementarias que permitan la implementación definitiva de la medida.

Acuerdos y contexto político

La adecuación fiscal surge de un entendimiento entre el Estado Nacional, las provincias productoras y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH). Según los considerandos del decreto, el objetivo central es fortalecer la actividad y sostener los niveles de producción en un contexto de crecientes desafíos económicos para el sector.

Al mismo tiempo, la decisión se inscribe en un escenario político más amplio, ya que las negociaciones con las provincias se dan en paralelo al debate parlamentario por la reforma laboral, iniciativa que el oficialismo busca impulsar con el acompañamiento de los gobiernos provinciales aliados en el Congreso.