El Gobierno consiguió reunir el número necesario de legisladores y la Cámara de Diputados inició el debate de la reforma laboral con la presencia de 130 diputados.

En un contexto marcado por la huelga general convocada por la CGT y las complicaciones en el transporte, el oficialismo extremó esfuerzos para asegurar la asistencia. Desde el bloque libertario reconocieron incluso que se dispusieron vehículos para garantizar la llegada de legisladores y así asegurar la sesión.

Además del respaldo de sus aliados del PRO, la UCR y el Movimiento Integración y Desarrollo (MID), el quórum se completó con el acompañamiento de representantes vinculados a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).

En la reunión de Labor Parlamentaria no hubo consenso sobre la dinámica del debate. El oficialismo propuso un esquema acotado —de poco menos de diez horas y con 40 oradores— mientras que la oposición reclamó una discusión sin límites de tiempo. Según estimaciones del presidente de la Cámara, Martín Menem, la votación podría concretarse durante la madrugada.

En paralelo, el diputado desarrollista aliado a La Libertad Avanza, Eduardo Falcone, llegó al Congreso en bicicleta, en una jornada atravesada por las medidas de fuerza.

El día previo, el Gobierno había asegurado el dictamen del proyecto —que ya cuenta con media sanción del Senado— tras aceptar modificaciones para retener apoyos. Entre ellas, la eliminación del artículo 44, que restringía las licencias médicas por enfermedad. De aprobarse con cambios, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.

Si bien el oficialismo confía en aprobar el proyecto en general, las mayores incógnitas están en la votación en particular, donde el texto se tratará por capítulos. Allí aparecen puntos sensibles, como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales actualmente destinados a la Anses. Sus detractores advierten sobre un posible impacto negativo en el sistema previsional y cuestionan que la administración quede bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores.

Otro eje de controversia es la derogación de distintos estatutos profesionales, iniciativa que ya genera el rechazo anticipado de un grupo de bloques que reúne alrededor de 35 diputados.

La incertidumbre radica en que varios legisladores que facilitaron el quórum no aseguraron su voto favorable en todos los artículos. En especial, los representantes alineados con gobernadores que en el Senado votaron en contra de algunos de estos puntos y ahora deberán definir su postura en Diputados.