El Senado formalizó la constitución de la comisión técnica encargada de analizar posibles modificaciones a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El cuerpo comenzó a funcionar en las últimas 24 horas y esta semana iniciará reuniones con cámaras empresariales, que expondrán objeciones y propuestas al proyecto oficial.
La comisión está presidida por Josefina Tajes, abogada laboralista y asesora de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza. La integran además el secretario parlamentario del Senado y dos asesores legales. Según Tajes, los planteos podrán presentarse hasta el 26 de enero, fecha a partir de la cual se comenzará a evaluar su contenido junto a los senadores.
El oficialismo aclaró que no se emitirá un nuevo dictamen en comisión. Los cambios consensuados, si prosperan, serán debatidos directamente en el recinto cuando se retome la actividad parlamentaria, prevista para el 10 de febrero.
En paralelo, la CGT mantiene negociaciones políticas con referentes del oficialismo, incluidos el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de Diputados Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, el ministro del Interior Diego Santilli y el secretario de Trabajo Julio Cordero.
Bullrich aseguró que el Gobierno está dispuesto a negociar ajustes en la reforma para garantizar su aprobación. “Sí, por supuesto; el objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, sostuvo. La senadora señaló que se escucharán propuestas razonables que promuevan un mercado laboral en crecimiento, pero descartó mantener el status quo.
Pese a los contactos, el sindicalismo mantiene la cautela. Si bien existen canales abiertos, no hay garantías de que las críticas al proyecto se traduzcan en modificaciones concretas. Por eso, la CGT implementará una estrategia doble: continuar las negociaciones con el oficialismo y realizar una gira federal para presionar a gobernadores y frenar el proyecto tal como está redactado.
Los dirigentes Jorge Sola y Cristian Jerónimo visitarán inicialmente Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, y luego la Patagonia, con paradas en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El objetivo es evitar que los mandatarios provinciales acompañen la iniciativa si no se introducen cambios de fondo, mientras el Gobierno intensifica gestiones con los gobernadores para asegurar los votos en el Senado.