Durante la décima audiencia de la causa Cuadernos, que tiene a Cristina Kirchner acusada de ser jefa de una asociación ilícita, el Tribunal Oral Federal N°7 continuó este martes con la lectura de la elevación a juicio. La jornada incluyó los testimonios de empresarios que declararon en calidad de arrepentidos y revelaron las presiones que recibían por parte de los gobiernos kirchneristas y cómo funcionaba el circuito fraudulento.

Patricio Gerbi, expresidente de la constructora COARCO, señaló que, tras firmarse contratos de concesión vial, el entonces titular del OCCOVI, Claudio Uberti, le trasladó a su socio que su empresa debía comenzar a hacer aportes de dinero regularmente por pedido de Cristina Kirchner o atenerse a “las consecuencias”. Gerbi manifestó que las amenazas eran directas: “Me decía ‘te voy a hacer fundir’, ‘me voy a quedar con tu empresa’, ‘voy a ir por vos y por tu familia’”. Según su declaración, los montos iniciales exigidos oscilaban entre los USD 15.000 y los USD 20.000.

En el mismo sentido declaró en su momento Juan Chediack, de quien se leyó que le dijo el entonces ministro de Planificación, Julio de Vido: “Si querés seguir trabajando, tenés que pagar”. A su vez, Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, expresó que desde 2004 se llevó a cabo un sistema para asegurar que determinadas compañías sean las ganadoras de las licitaciones de obra pública. Explicó que los ejecutivos luego debían pagarle al Gobierno a modo de “retorno” por el favor político, y que su función era “garantizar que el que ganaba pagara”. Además, Aldo Roggio, líder del grupo que lleva su nombre, aseguró haber realizado aportes de entre USD 50.000 y USD 100.000, exigidos por el exsubsecretario Roberto Baratta. De acuerdo a su testimonio, decidió acceder por la “evidente probabilidad de represalias”. En tanto, Marcela Sztenberg, directiva de EQUIMAC, relató que su socio, Eduardo Herbon, volvía de reuniones con integrantes del Estado “asustado” y expresando que lo estaban “apretando” para entregar “dinero para la corona”.

La jornada incluyó los testimonios de empresarios que declararon en calidad de arrepentidos y revelaron las presiones que recibían por parte de los gobiernos kirchneristas y cómo funcionaba, supuestamente, el circuito fraudulento.

Patricio Gerbi, expresidente de la constructora COARCO, señaló que, tras firmarse contratos de concesión vial, el entonces titular del OCCOVI, Claudio Uberti, le trasladó a su socio que su empresa debía comenzar a hacer aportes de dinero regularmente por pedido de Cristina Kirchner o atenerse a “las consecuencias”.

Gerbi manifestó que las amenazas eran directas: “Me decía ‘te voy a hacer fundir’, ‘me voy a quedar con tu empresa’, ‘voy a ir por vos y por tu familia’”. Según su declaración, los montos iniciales exigidos oscilaban entre los USD 15.000 y los USD 20.000.

En el mismo sentido declaró en su momento Juan Chediack, de quien se leyó que le dijo el entonces ministro de Planificación, Julio de Vido: “Si querés seguir trabajando, tenés que pagar”. A su vez, Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, expresó que desde 2004 se llevó a cabo un sistema para asegurar que determinadas compañías sean las ganadoras de las licitaciones de obra pública.

Explicó que los ejecutivos luego debían pagarle al Gobierno a modo de “retorno” por el favor político, y que su función era “garantizar que el que ganaba pagara”. Además, Aldo Roggio, líder del grupo que lleva su nombre, aseguró haber realizado aportes de entre USD 50.000 y USD 100.000, exigidos por el exsubsecretario Roberto Baratta. De acuerdo a su testimonio, decidió acceder por la “evidente probabilidad de represalias”.

En tanto, Marcela Sztenberg, directiva de EQUIMAC, relató que su socio, Eduardo Herbon, volvía de reuniones con integrantes del Estado “asustado” y expresando que lo estaban “apretando” para entregar “dinero para la corona”.