El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado jueves una orden ejecutiva con la que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a Cuba, una medida que marca una nueva fase de presión diplomática y económica contra el gobierno de la isla.

La orden, titulada “Addressing Threats to the United States by the Government of Cuba”, declara la existencia de una emergencia nacional ante lo que Washington considera amenazas extraordinarias y poco comunes provenientes de La Habana. Bajo ese marco, Trump autorizó al Departamento de Comercio a identificar países que proporcionen, de forma directa o indirecta, petróleo a Cuba y a determinar los aranceles que deberán aplicarse a productos importados desde esos territorios.

Aunque la orden no especifica tasas concretas ni nombra países, la medida pone presión sobre naciones que han mantenido relaciones energéticas con Cuba. Tras el colapso de las exportaciones venezolanas, México había emergido como uno de los principales proveedores de crudo a la isla, aunque su gobierno ha expresado reservas y preocupación por las posibles consecuencias de esta política estadounidense.

Desde La Habana, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó enérgicamente la iniciativa y la calificó de “acto de agresión” y chantaje, denunciando que Estados Unidos recurría a mentiras y coerción para presentar a Cuba como una amenaza injustificada.

La medida también suscitó rechazo internacional, con declaraciones de condena desde países como Rusia, que calificaron la orden de “ilegítima” y advirtieron sobre los efectos negativos de imponer sanciones unilaterales a estados soberanos fuera de los mecanismos multilaterales existentes.

A nivel diplomático, esta política llega en un contexto de tensiones crecientes en la región, que incluyen el reciente arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense y esfuerzos de Estados Unidos por limitar el acceso de Cuba a suministros energéticos críticos.

Además, figuras religiosas han pedido una salida pacífica y negociada, destacando la necesidad de diálogo para evitar que las tensiones se traduzcan en sufrimiento para la población civil cubana.

Mientras tanto, Washington defiende que los aranceles son una herramienta legítima de política exterior para hacer frente a lo que considera amenazas a su seguridad, y afirma que la relación con Cuba no tiene que derivar en una crisis humanitaria si se abren canales de negociación.

La medida marca un punto de inflexión en la política estadounidense hacia la región caribeña y latinoamericana, con implicancias tanto diplomáticas como económicas para los países que enfrentan la difícil decisión de equilibrar sus relaciones con Washington y sus compromisos energéticos con La Habana.