A una década del fallo Obergefell v. Hodges, que garantizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo Estados Unidos, la Corte Suprema se encuentra ante una nueva apelación que busca revocar esa histórica decisión. La petición fue presentada por Kim Davis, exsecretaria del condado de Rowan, Kentucky, quien en 2015 se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales alegando motivos religiosos.

Davis, que fue encarcelada durante seis días por desacato en ese entonces, ahora apela un veredicto que la condenó a pagar 100.000 dólares por daños emocionales y 260.000 en honorarios legales.

Su defensa argumenta que la Primera Enmienda, que protege la libertad religiosa, la ampara y la exime de responsabilidad personal. Además, cuestionan directamente el fallo Obergefell, que en 2015 estableció el matrimonio igualitario bajo la protección de la Enmienda 14, y consideran que esa decisión fue “notoriamente errónea” y debe corregirse.

Este es el primer pedido formal desde 2015 para revocar la histórica sentencia. Sin embargo, hasta ahora, los tribunales inferiores han rechazado sus argumentos. Un tribunal federal de apelaciones sostuvo que, como funcionaria estatal, Davis no puede ampararse en la Primera Enmienda para justificar sus acciones.

En 2019, la Corte Suprema ya desestimó un recurso similar, aunque algunos jueces conservadores expresaron críticas al fallo Obergefell.

El abogado de la pareja demandante, William Powell, señaló que “ningún juez de la corte de apelaciones mostró interés en reabrir el caso” y confía en que la Corte Suprema tampoco lo hará. Expertos legales advierten que, incluso si se revocara Obergefell, los matrimonios ya celebrados no serían anulados, gracias a la Ley de Respeto al Matrimonio de 2022, que obliga a todos los estados y al gobierno federal a reconocer legalmente esos vínculos.

Actualmente, unas 823.000 parejas del mismo sexo están casadas en Estados Unidos, de las cuales más de 590.000 lo hicieron tras la sentencia de 2015, según el Instituto Williams de la UCLA.

Este nuevo desafío judicial se da en un contexto donde la Corte Suprema tiene una supermayoría conservadora, con seis jueces designados por presidentes republicanos, entre ellos el expresidente Donald Trump. El presidente del tribunal, John Roberts, ya había criticado fuertemente el fallo Obergefell cuando se dictó.